Las formaciones defienden la «prioridad nacional» bajo interpretaciones propias, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez califica los acuerdos de «xenófobos» y amenaza con acudir al Tribunal Constitucional.
MADRID – En una jornada marcada por las celebraciones autonómicas y la tensión política, el Partido Popular y Vox han ratificado este jueves su compromiso con los pactos de gobierno alcanzados en Extremadura y Aragón. A pesar de las evidentes discrepancias semánticas sobre el concepto de «prioridad nacional», ambas formaciones han cerrado filas frente a las duras críticas del Gobierno central, señalando que el próximo objetivo para replicar este modelo será Castilla y León.
Un concepto, dos interpretaciones
El punto de fricción sigue siendo la cláusula de «prioridad nacional» para el acceso a ayudas públicas. Desde el PP, Elías Bendodo ha defendido una interpretación basada en el «arraigo», asegurando que los acuerdos cumplen estrictamente con la Constitución. «Es una prioridad legal y constitucional», ha reiterado, instando a Vox a explicar cualquier cambio de criterio.
Por su parte, Vox mantiene una línea más dura. Joan Garriga, portavoz en el Parlament catalán, ha definido la prioridad nacional basándose estrictamente en el Código Civil: «Es español el nacido de padre y madre española», una postura que choca frontalmente con la interpretación de gestión administrativa que intenta proyectar Génova.
Castilla y León: La siguiente ficha del tablero
Con los gobiernos de Extremadura y Aragón encarrilados, el PP ha sido contundente a través de un comunicado: «Otro capítulo cerrado. Vamos a por el siguiente». Ese siguiente paso es Castilla y León, cuyo presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha adelantado que trabajará «con intensidad y tranquilidad» en las próximas semanas para definir un proyecto de futuro para la región.
Mañueco, que ha evitado entrar en la polémica terminológica, escenificará el apoyo a este bloque de gobierno asistiendo mañana a la toma de posesión de María Guardiola en Mérida y, posteriormente, a la de Jorge Azcón en Aragón.
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La respuesta del Ejecutivo no se ha hecho esperar. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier medida que vulnere los derechos humanos o la Carta Magna.
La dureza dialéctica ha subido de tono con las declaraciones de otros ministros:
- Óscar Puente (Transportes): Ha tildado el término de «claramente xenófobo y racista», comparándolo con los años más oscuros del siglo XX.
- Óscar López (Transformación Digital): Ha acusado al PP de «morder la manzana» de Vox y de «volver a la caverna» al comprar las ideas de lo que define como un partido «franquista».
