MADRID.– El Tribunal Supremo ha decidido mantener el proceso de regularización extraordinaria de migrantes dentro de las fronteras jurídicas nacionales. La Sala Tercera del alto tribunal ha rechazado formalmente elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, paralelamente, ha denegado la suspensión cautelar del Real Decreto del pasado 14 de abril por el que se puso en marcha dicha regularización.
La decisión llega después de que el propio tribunal planteara, el pasado 30 de junio, la posibilidad de formular una cuestión prejudicial interpretativa ante el TJUE para evaluar si ciertos extremos del decreto entraban en conflicto directo con el derecho comunitario.
División entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas
La propuesta del Supremo abrió un debate entre las partes implicadas en el proceso, evidenciando posturas radicalmente opuestas:
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- En contra de acudir a Europa: La Abogacía del Estado se opuso firmemente a trasladar la consulta a la justicia europea, defendiendo la plena validez y encaje legal de la medida adoptada por el Ejecutivo.
- A favor de acudir a Europa: Los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón —autonomías que impugnaron originalmente la regularización— respaldaron la vía del TJUE.
Tras analizar las alegaciones de ambas partes, el Tribunal Supremo ha determinado que «no resulta pertinente» el planteamiento de la cuestión prejudicial en este momento procesal.
Luz verde a la vigencia del Real Decreto
Además de descartar la vía europea por el momento, el alto tribunal ha asestado un revés a las pretensiones de la Comunidad Valenciana y Aragón al rechazar la suspensión cautelar de la norma. Con esta resolución, el Real Decreto del 14 de abril sigue plenamente vigente y el proceso de regularización de migrantes continuará su curso sin interrupciones mientras se resuelve el fondo del asunto en los tribunales españoles.
