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La investigación judicial en torno a las actividades de la pareja de Isabel Díaz Ayuso suma un nuevo e importante capítulo de presión policial. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un nuevo requerimiento al juez encargado del caso en el que insiste de forma firme en la necesidad de acceder a los datos de la Agencia Tributaria para poder avanzar y esclarecer las pesquisas en curso.
Para los investigadores, el cruce de datos fiscales es un paso indispensable para determinar el alcance real de las presuntas irregularidades económicas que se están rastreando.
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Un paso clave para desbloquear las pesquisas económicas
La insistencia de la UCO refleja que los agentes del instituto armado consideran que la documentación aportada hasta el momento es insuficiente para trazar con precisión los flujos de dinero y las operaciones mercantiles bajo sospecha. El acceso directo a los expedientes de Hacienda permitiría a la Guardia Civil:
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- Verificar ingresos y facturaciones: Contrastar si las declaraciones fiscales de la pareja de la presidenta madrileña coinciden con los movimientos bancarios reales y los contratos privados analizados.
- Rastrear el origen de los fondos: Confirmar la legalidad de los ingresos obtenidos durante los ejercicios fiscales investigados y descartar posibles delitos de fraude o falsedad documental.
El juez tiene la última palabra
La petición de la UCO traslada ahora la presión al plano estrictamente judicial. Debe ser el magistrado instructor quien valore si la solicitud de la Guardia Civil está lo suficientemente fundamentada y guarda la debida proporcionalidad jurídica, ya que el acceso a datos tributarios confidenciales requiere levantar el velo de la privacidad fiscal del investigado.
La resolución que adopte el juzgado en los próximos días será determinante, puesto que una negativa podría ralentizar las pesquisas, mientras que el visto bueno judicial abriría una nueva y exhaustiva vía de investigación económica en un caso de enorme repercusión política y mediática.
