Madrid — La Junta Electoral Central (JEC) ha reclamado este jueves, 16 de julio de 2026, un informe completo y exhaustivo a la Oficina del Censo Electoral ante el notable incremento de votantes en el extranjero debido a la aplicación de la conocida como ‘ley de nietos’ (dentro de la Ley de Memoria Democrática).
El organismo arbitral no considera suficiente la documentación aportada hasta ahora y exige que se elabore una instrucción con criterios objetivos y homogéneos para determinar con precisión a qué municipio español debe adscribirse cada nuevo elector que reside en el exterior.
Preocupación por el fuerte incremento de electores en el CERA
La decisión de la JEC responde a las quejas presentadas por diversas formaciones políticas —entre ellas Vox—, que han mostrado su preocupación por la repercusión que la concesión masiva de la nacionalidad a descendientes de españoles está teniendo en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA).
Los partidos cuestionaban la «corrección jurídica» y la falta de uniformidad en los criterios que los consulados aplican para empadronar electoralmente a estos nuevos ciudadanos. Aunque la Oficina del Censo remitió un informe inicial que avalaba la trazabilidad del proceso, la JEC señala que del documento no se deduce de forma clara que el procedimiento de adscripción municipal sea el correcto, un elemento que califica de «esencial» para la limpieza del sistema.
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Para solucionar este vacío, la Junta Electoral ha ordenado dos medidas inmediatas:
- Ampliación del informe: La Oficina del Censo deberá detallar cómo se van a reforzar y homogeneizar los controles en las oficinas consulares.
- Instrucción con reglas claras: Se exigirá a los consulados una guía precisa para acreditar el «arraigo» a un municipio concreto de España (sea el propio o el de sus padres/abuelos), determinando qué documentos son válidos y en qué casos la administración puede asignar un municipio de oficio.
Rechazo a la petición de Vox de suspender el voto exterior
Por otra parte, la resolución de la JEC ha frenado en seco la pretensión de Vox de bloquear el sufragio desde el extranjero. La formación de Santiago Abascal había solicitado formalmente que no se admitiera el voto por correo desde el exterior bajo el argumento de que este sistema no ofrece las mismas garantías de seguridad que el voto por correo nacional.
Sin embargo, el organismo electoral ha recordado a Vox que carece de competencias para suspender este derecho, subrayando que la administración electoral tiene la obligación ineludible de aplicar los procedimientos que dicta la legislación vigente mientras las leyes actuales no sean modificadas por el Parlamento.
