La exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha alimentado este lunes la teoría de que Marruecos podría estar ejerciendo algún tipo de chantaje sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las declaraciones se producen a raíz de la información que la inteligencia marroquí habría podido extraer del dispositivo del jefe del Ejecutivo mediante el programa Pegasus.
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Al ser preguntada por esta hipótesis —esgrimida habitualmente por partidos como el PP y Vox, y a la que este pasado fin de semana se sumó también el PNV—, la recién proclamada candidata de Podemos a las elecciones generales se ha mostrado contundente: «Parece bastante evidente que algo hay, porque todo el mundo lo dice y es lo que se cuenta en los mentideros». Sin embargo, Montero ha evitado dar detalles sobre la veracidad de la sospecha: «A mí, la verdad, eso lo tiene que explicar quien lo sabe. Yo lo que creo es que la consecuencia de esto, que es un problema de los políticos, no puede ser una crisis humanitaria, la mayor de nuestra historia».
Requerida sobre si dispone de evidencias firmes que sustenten esa insinuación, la dirigente de la formación morada ha reconocido la falta de pruebas directas, pero ha evitado descartar la opción:
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«No lo sabemos a ciencia cierta, pero si otros que saben más lo dicen, no vamos a descartar esa hipótesis. Lo que creo es que da igual qué sea, porque tienen algo, porque no quieren enemistarse con Marruecos. Es histórico que en este país el PSOE se haya sometido muchas más veces, mientras estaba en el Gobierno, a los designios de Marruecos sin ningún tipo de justificación».
Montero ha enmarcado además el actual giro en las relaciones bilaterales con Rabat dentro de una tradición de la política exterior socialista, recordando que este tipo de concesiones «no solo han pasado en este Gobierno de Pedro Sánchez, sino también anteriormente».
Por último, la eurodiputada ha cargado contra la gestión del flujo migratorio hacia España, señalando que la crisis humanitaria «no se tendría que haber creado nunca» y advirtiendo de que esta coyuntura actúa como una «autopista» para el discurso de la extrema derecha. Para fundamentar su crítica, Montero ha contrastado la acogida dispensada a otras comunidades en el pasado —como la llegada de 350.000 ciudadanos ucranianos o 200.000 venezolanos— con la respuesta institucional presente, tildando la diferencia de trato de «puro racismo».
