El plazo para solicitar la papeleta postal de cara a las generales permanece abierto hasta el 19 de noviembre, tras un ciclo histórico marcado por el récord del 23-J, donde alcanzó el 6,6% del censo y sobrepasó los 2,4 millones de sufragios.
Con la apertura del plazo para solicitar el voto por correo de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre —proceso que permanecerá activo hasta el 19 de noviembre—, el electorado español vuelve a disponer de una vía de participación plenamente asentada en el marco legal. A lo largo de las últimas dos décadas, el recurso a la papeleta postal ha experimentado un crecimiento sostenido hasta convertirse en un factor determinante en la logística y el escrutinio electoral en España.
Los registros oficiales de la Oficina del Censo Electoral y del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan la profunda transformación de esta modalidad. En las elecciones generales del año 2000, el voto por correo representaba apenas un 1,5% del total de sufragios emitidos. Cuatro años después, en 2004, la cifra ascendió ligeramente al 1,7%, manteniéndose en umbrales moderados durante la primera década del siglo.
Una evolución histórica acelerada desde la Transición
El marco normativo del voto a distancia cuenta con antecedentes en la Ley Orgánica del Estado de 1967, cuyo artículo 23 ya regulaba el procedimiento para electores ausentes de su municipio. Sin embargo, su plena integración democrática se produjo mediante el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, aplicándose por primera vez en los comicios constituyentes del 15 de junio de 1977.
La trayectoria de esta modalidad ha registrado oscilaciones a lo largo del tiempo. Tras situarse en el 2,3% en los comicios de 2008, el porcentaje descendió en las generales de noviembre de 2011 hasta rozar el 2%. El punto de inflexión definitivo aconteció en las elecciones del 26 de junio de 2016, cuando la participación por correo se duplicó en comparación con la convocatoria previa de 2015, alcanzando un 4,2% del censo (1.357.745 votos emitidos sobre 1,45 millones de solicitudes). Esta dinámica se consolidó en los dos comicios de 2019, registrando un 3,9% en la convocatoria de abril (1.241.716 votos) y un 2,9% en la repetición electoral de noviembre.
El récord veraniego del 23-J y las brechas territoriales
El máximo histórico del voto por correo se alcanzó en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. La coincidencia del proceso electoral con el periodo vacacional propició un incremento del 98% en los sufragios postales respecto a abril de 2019 y del 81% en comparación con 2016. En total, Correos gestionó 2.622.808 solicitudes que culminaron en 2.461.284 votos validados, lo que supuso el 6,6% del censo electoral total.
Junto al crecimiento global, los datos del INE ponen de relieve marcadas asimetrías territoriales. En la cita del 23-J de 2023, la utilización de este mecanismo se concentró de forma acusada en provincias del norte y del centro peninsular, encabezadas por Bizkaia (donde representó el 12,8% del censo) y Madrid (11,3%). A estas se sumaron cotas elevadas en Valladolid (10.2%), Burgos (9,5%), Guipúzcoa (9,4%), Zaragoza (9,3%), Palencia (8,7%) y Navarra (8,6%).
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En el extremo opuesto, el recurso a la vía postal fue sensiblemente menor en las demarcaciones mediterráneas e insulares. Girona registró el porcentaje más reducido del país con un 2,8% —una proporción cuatro veces inferior a la contabilizada en Bizkaia—, seguida de Tarragona (2,9%), Cádiz (3,2%), Alicante (3,6%), Castellón (3,8%) y Málaga (3,9%).
