Apenas queda un mes para que comience el Curso Escolar 2020/2021 marcado, como todo el mundo sabe, por la pandemia del covid-19 aún no resuelta.
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Bueno, todo el mundo no, el Ministerio de Educación aún no se ha enterado. Es probable que la distancia, mezclada con la incompetencia, la falta de interés y la impericia de los nuevos gestores, ofrezca como fatídico resultado un silencio sepulcral que a estas alturas sólo cabe calificar como una indecente e intolerable irresponsabilidad.
Las decisiones del MEFP afectan a más de veinte mil alumnos (y sus respectivas familias), más de mil quinientos profesores y otros doscientos profesionales, además de los que asigne a los centros el órgano encargado de gestionar los planes de empleo. Esto, por sí solo, debería una razón más que suficiente para que el MEFP hubiera dictado ya unas normas concretas y claras sobre el funcionamiento de los centros y el desarrollo del curso; las hubiera hecho públicas, y las hubiera explicado al conjunto de la sociedad.
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Así se le viene reclamando desde el conjunto del profesorado, desde (al menos) nuestra organización sindical; y en un amplio consenso social, desde el propio Foro de la Educación de Ceuta. Hasta ahora, sin respuesta.
El Ministerio ha optado por instalarse en la ambigüedad. Todo lo que ha dicho hasta ahora no son más que lugares comunes y evasivas cuya finalidad es difuminar responsabilidades y ganar tiempo. Sobre todo, ganar tiempo. El Ministerio es perfectamente consciente de que tomar decisiones y asumir responsabilidades, implica incrementar presupuestos y/o recortar horarios lectivos (con el consiguiente malestar que ocasionará en la sociedad quebrar el tradicional modelo de conciliación de la vida familiar y laboral). No hay otra solución si lo que se pretende, tal y como se anuncia con la solemnidad de las grandes ocasiones, es “garantizar la protección de la salud de la ciudadanía” siguiendo los criterios sanitarios (mantener siempre la “distancia de seguridad” de 1,5 metros). Como el Gobierno es reacio a gastar más dinero, y le asusta asumir el coste social del malestar de las familias, ha decidido que lo mejor es que “el tiempo pase”. Están jugando a la “ruleta rusa”, confiando en que cuando llegue la hora de la verdad ya “la cosa no esté tan mal” y se pueda ir “al cole” más o menos como siempre. Y en todo caso, que “cada centro haga lo que buenamente pueda” (disfrazado del eufemismo “planes de contingencia”).
El Plan consiste básicamente en no aportar más medios. Redactar normas inconcretas y/o ambiguas en las que quede muy claro que la protección de salud es la máxima prioridad y que lo ordinario será la enseñanza presencial (como siempre). ¿Cómo se piensa resolver esta contradicción? Muy fácil: trasladando la responsabilidad a los centros, a los que se le pide el milagro de hacer guardar la distancia de seguridad sin medios para desdoblar grupos ni capacidad para reducir horarios. En el fondo lo que se pretende es que los equipos directivos “hagan la vista gorda” bajo su exclusiva y estricta responsabilidad. Si no consiguen obrar el milagro y hay protestas (de las familias); conflictos (con el profesorado) o contagios, toda la responsabilidad recaerá sobre los centros a los que se “apoya” y por eso se les da plena “autonomía” (envenenada). Es difícil encontrar una mayor exhibición de hipocresía.
CCOO exige al Ministerio que asuma su responsabilidad. Y diga públicamente en qué cantidad va a reforzar los claustros y el personal de servicios, cuáles van a ser los horarios lectivos de cada nivel, y que jornadas escolares se van a implantarán en cada uno de los centros. Si se mantiene en esta actitud cicatera e irresponsable, habrá conflicto.
