Cuatro años después del inicio de la investigación, la Audiencia Provincial de Madrid abre hoy el juicio del conocido ‘caso mascarillas’. En el banquillo de los acusados se sientan los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, señalados como responsables de una estafa al Ayuntamiento de Madrid durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19.
Los hechos se remontan a marzo de 2020, en pleno confinamiento, cuando el Ayuntamiento de Madrid firmó con los acusados tres contratos para la compra de material sanitario por un total de 15,8 millones de euros. La operación, gestionada a través de la Funeraria de Madrid, incluyó la adquisición de un millón de mascarillas, 2,5 millones de pares de guantes y 250.000 test rápidos.
Según la Fiscalía, los productos fueron adquiridos a precios “muy superiores” a los del mercado debido a las “comisiones desorbitadas” impuestas por Medina y Luceño, quienes ocultaron esta información al Ayuntamiento. De esos 15,8 millones, seis fueron directamente a sus bolsillos.
Material defectuoso y precios inflados
Las mascarillas entregadas a la capital eran las más caras del mercado, con un sobreprecio del 60%. Los guantes, por su parte, costaban un 81% más que otros similares. Además, los guantes no cumplían las especificaciones acordadas: en lugar de llegar hasta el codo, apenas cubrían la muñeca. Los test rápidos también resultaron ser ineficaces por su baja sensibilidad.
Ante la queja del Ayuntamiento, Luceño devolvió casi cuatro millones de euros, pero la Fiscalía sostiene que la estafa ya se había consumado.
El papel del Ayuntamiento y las conexiones políticas
El Ayuntamiento de Madrid se personó en la causa como víctima, aunque la oposición cuestiona cómo los acusados lograron cerrar contratos millonarios con el Consistorio. Según la instrucción judicial, Luis Medina accedió a contactos municipales a través de Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Fue él quien lo puso en contacto con Elena Collado, alto cargo municipal que negoció la compra y denunció las irregularidades.
“Pa’ la saca” y el destino del dinero
Las pruebas incluyen correos electrónicos entre los acusados en los que Luceño, tras recibir el primer pago, escribió a Medina: “Pa’ la saca”. Con sus ganancias, Luis Medina compró un yate, mientras que Luceño adquirió coches de lujo como Ferrari y Lamborghini, así como un piso en Pozuelo de Alarcón valorado en más de un millón de euros.
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Las penas que enfrentan
El fiscal solicita 15 años de prisión para Alberto Luceño y nueve años para Luis Medina. Se les acusa de estafa agravada, falsedad documental y, en el caso de Luceño, un delito contra la Hacienda Pública. Además, enfrentan multas millonarias: cinco millones de euros para Luceño y 450.000 euros para Medina. Ambos deberán indemnizar con casi ocho millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid si son condenados.
El juicio se celebrará hasta el 26 de febrero en la misma sala que enjuició casos como el Madrid Arena y el del pederasta de Ciudad Lineal. En las próximas semanas, testigos clave como Elena Collado y el primo del alcalde comparecerán ante el tribunal para esclarecer cómo esta trama logró estafar a la ciudad en uno de los momentos más delicados de la crisis sanitaria.
