Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el registro de médicos objetores han vuelto a generar fricciones dentro del Partido Popular y han complicado los intentos de Alberto Núñez Feijóo por cerrar el frente interno en torno al aborto.
La presidenta madrileña expresó su rechazo a la creación de un registro de profesionales sanitarios que se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo, una medida contemplada en la ley impulsada por el Gobierno central. Sus palabras contrastan con la postura más moderada de la dirección nacional del PP, que busca evitar nuevas divisiones en un tema especialmente sensible.
Ante las críticas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez salió a la ofensiva y aportó datos para subrayar las diferencias entre comunidades autónomas. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, mientras en regiones como Madrid o Andalucía menos del 1% de los abortos se realizan en la sanidad pública, en Cataluña la cifra supera el 55%, y en otras comunidades alcanza el 75%.
Estos datos, sostienen desde el Gobierno, evidencian la desigualdad en el acceso a la interrupción del embarazo en función del territorio y la necesidad de reforzar la red pública para garantizar este derecho en igualdad de condiciones.
El debate, lejos de cerrarse, vuelve a situar al PP en una posición incómoda, con distintos líderes regionales marcando perfiles propios en un tema que sigue dividiendo a la sociedad y al propio partido.
