Además la coalición sostiene que el texto es incoherente y está plagado de «falacias». Desde Caballas plantean que «para gestionar el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados residentes en nuestra Ciudad se debe basar en el más escrupuloso respeto a los derechos humanos en general y a la protección del menor de manera específica»
Caballas ha enviado un comunicado en el que expone punto por punto los desacuerdos que muestra respecto al documento elaborado por el Gobierno de la Ciudad relativo a la «Política de menos extranjeros«. La coalición localista considera que se trata de un texto que, pretendiendo ser «estable y a largo plazo», está formulado desde la incoherencia al fundamentarse en «un diagnóstico» de la «situación actual condicionada por una pandemia global en la que todo (o casi todo) es excepcional«. «Más bien da la impresión de que se pretende ‘aprovechar’ la pandemia (en cuyo marco todo puede encontrar una justificación dada la absoluta prioridad de los objetivos sanitarios) para aplicar medidas injustas, racistas y xenófobas, concebidas previamente» critica Caballas.
La coalición considera «que la política del Gobierno de la Ciudad para gestionar el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados residentes en nuestra Ciudad se debe basar en el más escrupuloso respeto a los derechos humanos en general y a la protección del menor de manera específica; asumiendo la prevalencia del bienestar del menor como piedra angular del andamiaje jurídico y político en esta materia; cumpliendo con rigor la legislación vigente; y gestionando con la mayor eficacia las competencias (exclusivas) asumidas voluntariamente por la propia Ciudad en materia de menores».
En este sentido, Caballas propone varias actuaciones a llevar a cabo para gestionar el fenómeno migratorio de los menores: «Construcción de infraestructuras, instalaciones y equipamientos suficientes y adecuados; dotación de plantillas estables, amplias y diversificadas; puesta en marcha de proyectos educativos y de integración social que favorezcan el desarrollo personal de los menores; coordinación con otras administraciones para favorecer la movilidad geográfica en orden a la inserción educativa y profesional de los menores; proponer las modificaciones legislativas pertinentes para garantizar la continuidad del proceso de integración de los menores cuando cumplen la mayoría de edad; renegociación con el Gobierno de la Nación de la cuantía de las transferencias necesarias para gestionar correctamente la política de menores sobre la base del principio generalmente aceptado del ‘coste efectivo de los servicios'».
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Por último, el comunicado remitido por los localistas denuncia una a una las «falacias» en las que consideran que cae el Ejecutivo local en el texto:
- El documento rezuma en todo el texto un intento persistente de «cosificar» a los menores con la intención (releer a Hannah Arendt) de blanquear argumentos desgarradores, carentes por completo de la más mínima sensibilidad hacia los seres humanos. La expresión, enfatizada (con negrilla), de «Ceuta no puede convertirse en un contenedor de menores» es suficientemente elocuente a este respecto. Recordamos que los contenedores son recipientes de mercancía o materiales (poco que ver con una persona).
- Es inaceptable que un documento que se pretende que sea institucional incluya expresiones ofensivas (en unos casos) y/o falsas (en otros) basadas exclusivamente en prejuicios extraídos de la corriente de opinión liderada por la extrema derecha cuya única finalidad es criminalizar a este colectivo por su condición de inmigrante. Decir que «suponen un riesgo para la aparición de brotes por casos importados» (para infundir temor y consecuentemente rechazo entre la población) es de una vileza difícil de digerir. No se conoce ni un solo caso positivo en este colectivo. Decir «actuando con conductas delictivas«, con idéntica intención (buscar la animadversión de la ciudadanía), es canallesco. Es preciso recordar que los delitos los cometen las personas, no los colectivos (es penoso tener que recordar esto en un país democrático y en el siglo veintiuno).
- La falacia de la regla de tres. Fundamentar la política de menores sobre una regla de tres entre población total y número de menores, comparando España y Ceuta, no sólo es un infantilismo impropio de una administración seria, es también un insulto a la inteligencia de la ciudadanía por su patética falta de rigor intelectual. La aplicación de semejante idiotez en todos los órdenes de la vida (como si las personas se las pudiera repartir geográficamente al antojo del Gobierno de turno) ofrecería unos resultados sencillamente ridículos. Por ejemplo, ¿deberíamos enviar nuestro exceso proporcional de parados, pobres o fracasados escolares a las comunidades con menos paro, pobreza o fracaso escolar hasta igualar los porcentajes hallados con su maravillosa (a la par que infalible) regla de tres?. Mejor no seguir.
- La falacia económica. El otro «gran» argumento del Gobierno para disimular su xenofobia, justificándose con un discurso homologable en términos democráticos, es apelar al «elevado coste» que suponen los menores. En realidad, lo que se pretende es indignar a la población haciéndole ver que se dejan de hacer muchas cosas que irían en su beneficio «por culpa» de los menores. En primer lugar, es necesario decir que centrar un asunto relativo a personas vulnerables en un grado extremo en el aspecto económico es ya de por sí sumamente mezquino. Pero es que incluso aceptando este espacio de debate, el planteamiento del Gobierno es radicalmente falaz porque hace juegos malabares con las cifras. Los cálculos económicos que aportan son técnicamente incorrectos al mezclar (intencionadamente) costes fijos y variables. Expresiones tales como «el déficit del Área de Menores» es definitoria. No cabe el concepto «deficitario» en un área de gestión municipal. En ese caso sería deficitario el SEIS, y no digamos ya el Gobierno de la Ciudad. Si el Gobierno pretende analizar presupuestariamente el tratamiento de la asistencia a los menos extranjeros, debe hacerlo con rigor, sin prejuicios y sin obtener las conclusiones antes de establecer las premisas. Computando correctamente gastos e ingresos, derechos y obligaciones.
- El documento está plagado de eufemismos e inhibiciones malintencionadas. Se habla de Centro de Realojo Temporal, cuando en realidad es un edificio en precario mal y apresuradamente habilitado, por orden del fiscal. sin reunir ningún requisito para esa finalidad. Se habla de módulos, obviando que son «casetones de obra» en un estado más que deplorable sin reunir las condiciones mínimas para albergar a personas por tiempo indefinido. Sin embargo, paralelamente, y de manera muy sibilina, no se dice ni una sola palabra de las personas que la Ciudad tiene destinadas a estas funciones. ¿Cuántos psicólogos, trabajadores sociales, monitores, médicos, DUE, etc? No se dice absolutamente nada de cuantos proyectos educativos o de integración social se están desarrollando. Sería interesante conocer esta información.
- El documento recoge algunas obviedades cuya inclusión sólo puede obedecer a la finalidad de «descargar» responsabilidades a otra administración. La solicitud de una frontera inteligente que proteja nuestro territorio es una reivindicación que no guarda ninguna relación con el asunto de los menores. ¿O es que la «inteligencia» consiste en que puedan pasar unos no y otros sí en función del dinero que cuesten o dejen?
- Volver a insistir en el cumplimiento del acuerdo con Marruecos sobre repatriación resulta patético. Todo el mundo sabe perfectamente que Marruecos se niega a reconocer la soberanía Española sobre Ceuta y, en consecuencia, se niega a repatriar a quienes para ellos, «ya están en su patria». Si se quiere cuestionar la política del Estado español respecto al contencioso soberanista con Marruecos (algo que no sólo se puede, sino que se debería hacer, visto como se han comportado todos los Gobiernos españoles hasta ahora), habría que plantearlo en otros términos, en otro ámbito, con otra profundidad y con otro alcance.
