Un análisis a partir de las declaraciones de bienes de la XV Legislatura sitúa en el 18,9 % la proporción de parlamentarios de la Cámara Baja que obtiene rendimientos económicos mediante el arrendamiento de pisos, locales o fincas. El dato trasciende en un momento en el que la vivienda vuelve a situarse en el centro del debate político, con la acampada en la Puerta del Sol en marcha y mientras el Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros el nuevo decreto sobre la materia, cuyo acuerdo con los socios parlamentarios se mantiene aún en el aire.
El informe, elaborado por Electomanía a partir de dos recuentos oficiales y periodísticos —uno de Europa Press de febrero de 2026 sobre cobros por arrendamiento y otro de Público del mes de abril sobre bienes inmuebles en propiedad—, revela que cerca del 85 % de los miembros del Congreso posee al menos una vivienda en propiedad. En concreto, el análisis cifra en 297 los diputados que ostentan la titularidad total o parcial de algún inmueble residencial, lo que representa el 84,85 % de la Cámara Baja. Este porcentaje supera en aproximadamente once puntos la media de la población española que habita en vivienda propia, fijada según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En lo que respecta a la distribución de propiedades entre los parlamentarios, la mayoría de los diputados propietarios cuenta con una vivienda (145 representantes) o dos (81). Por su parte, un total de 71 parlamentarios declara tener tres o más inmuebles. Pese a estas cifras de multipropiedad, únicamente dos integrantes del Congreso cumplen los requisitos legales para ser considerados grandes tenedores según la ley de vivienda: la diputada del Partido Popular María de las Mercedes Cantalapiedra, con 19 inmuebles, y la representante del PSOE María Mercè Perea, que declara 13.
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Si se analiza la condición de multipropietario bajo el umbral de poseer tres o más viviendas, el Partido Popular encabeza la distribución con 35 diputados en esta situación (el 25,5 % de su grupo parlamentario). Le siguen Vox, con un 24,2 %; el PSOE, con un 19 %; y Sumar, donde el 11,5 % de sus miembros supera dicho límite. Sin embargo, poseer varios inmuebles no implica necesariamente su explotación en el mercado de arrendamiento. Casos como los del portavoz parlamentario socialista, Patxi López, o la portavoz del partido, Montse Mínguez, ilustran esta circunstancia, ya que ambos declaran tres viviendas en propiedad sin consignar ingresos derivados de rentas de alquiler.
En términos absolutos, sobre el total de 66 diputados que perciben ingresos por el alquiler de sus inmuebles, el Grupo Popular aporta la cifra más elevada con 29 arrendadores, lo que equivale al 21,2 % de sus escaños. El Grupo Socialista suma 21 parlamentarios con rendimientos por alquiler, representan el 17,4 % de sus 121 escaños. Por su parte, Vox cuenta con 7 arrendadores entre sus 33 diputados, una proporción que iguala a la del Partido Popular e incluso la supera por centésimas.
No obstante, al evaluar los datos en términos porcentuales sobre el tamaño de cada grupo, la clasificación sufre variaciones significativas. Junts lidera la tasa de parlamentarios arrendadores con un 42,9 % (3 de sus 7 diputados), seguido por el PNV, con un 40 % (2 de 5), y EH Bildu, que registra un 33,3 % (2 de 6). Aunque en formaciones con una representación reducida la variación de un solo escaño altera el porcentaje en más de diez puntos, de forma conjunta estas tres fuerzas suman 7 arrendadores entre sus 18 escaños, situándose en el doble de la media del Congreso.
En el extremo opuesto del espectro parlamentario, Sumar reduce la tasa de diputados con rentas de alquiler al 7,7 %, lo que corresponde a 2 de sus 26 representantes. Por su parte, ERC y el Grupo Mixto no constatan ningún caso de percepción de rentas por arrendamiento en sus declaraciones de bienes, a pesar de que la totalidad de los parlamentarios de la formación republicana figura como propietaria de inmuebles.
En relación con los líderes de las principales formaciones políticas de ámbito nacional, solo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, declaran ingresos por este concepto. Sánchez, propietario de dos pisos en Madrid, percibe 12.845 euros anuales en concepto de rentas por alquiler, mientras que Núñez Feijóo declara 5.584 euros. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ingresa 11.798 euros anuales por el arrendamiento de uno de los tres pisos de los que es titular.
Ninguno de los líderes citados encabeza el listado de mayores ingresos por arrendamiento en el Congreso. Los dos diputados del Partido Popular que registran los mayores importes por este concepto declaran rentas anuales comprendidas entre los 24.000 y los 33.000 euros. En las filas del PSOE, el nivel máximo de ingresos por alquiler de inmuebles se sitúa en un intervalo de entre 11.000 y 16.000 euros al año.
La evolución temporal muestra una tendencia al alza en el número de representantes que explotan sus propiedades en el mercado inmobiliario. El primer recuento elaborado por Público sobre esta materia, fechado en septiembre de 2023, situaba la proporción de parlamentarios arrendadores en el 16,57 % del total de la Cámara Baja, cifra inferior al 18,9 % registrado en los análisis más recientes de la XV Legislatura.
