Los problemas de financiación surgidos por una mala planificación inicial, las bajas aportaciones de las Administraciones centrales en los últimos años y una baja recaudación del usuario mediante copago, han colmado de esfuerzo económico a ambas ciudades para poder mantener esta política social en un ambiente ambiguo por falta de transparencia del sistema, el cual ha supuesto un claro retroceso de la ley y una pérdida de bienestar de los dependientes y sus familiares, observándose claras diferencias en las listas de espera, abusos de concesión de prestaciones económicas por algunas regiones además de disparidades en el número de solicitudes de acceso a las prestaciones y a los servicios.
La Ley de Dependencia establece un sistema que se configura como una red de utilización pública, aunque no es pública como tal, ya que integra centros y servicios públicos y privados. Contigo Somos Democracia, piensa que si la voluntad de esta ley es configurarla como el cuarto pilar del estado de bienestar, podemos afirmar que se entrega parcialmente en manos de empresas privadas y de un voluntariado, gestionando este cuarto pilar. En los costes de prestación de estos servicios, existen muchas diferencias entre CCAA creando un impacto muy distinto en función del territorio; otro problema a destacar es el número de solicitudes para poder optar a estos servicios por existir una subvaloración del número de personas dependientes, lo cual dificulta la aplicación de esta ley ya que se producen retrasos por exceso de demandas.
Los objetivos que en sus inicios quería lograr esta ley, no conseguirá esa equidad de trato a lo largo de todo el territorio estatal, sea cual sea el lugar de residencia, por ello esta formación opina que sería positivo un nuevo sistema de financiación autonómica que los aporte, con actuaciones entre el estado y las CCAA para solventar las diferencias territoriales de partidas existentes actualmente, el objetivo de las Administraciones debe ser, el de no defraudar las expectativas que han puesto miles de personas en esta ley.
Contigo propone la creación de residencias públicas de la tercera edad que cubran las demandas hasta el 10% (hasta alcanzar la media proporcional en el resto de los países de la UE). Desgravaciones fiscales y subvenciones para favorecer las iniciativas privadas siempre que las residencias concertadas garanticen el principio de servicio universal a los jubilados con ingresos mínimos. Se establecerán mecanismos de supervisión para el cumplimiento de la normativa por parte de los centros privados (higiene, respecto al derecho de las personas de la tercera edad) así mismo se debe fomentar que las residencias públicas y privadas concertadas, dispongan de los servicios geriátricos indispensables para su misión.
