El pasado 15 de abril se celebró la Conferencia Sectorial de Educación en la que se trató el final de curso dentro de la excepcionalidad provocada por el Estado de Alarma y el cierre de la actividad lectiva presencial. Tras la reunión se hizo público el documento que el Ministerio trasladó a todas las Comunidades Autónomas, en el que se proponen las medidas fundamentales a tomar, sobre todo las referentes a la evaluación final, promoción y titulación de todo el alumnado.
A CSIF le parecen positivas las líneas generales del documento. Partiendo de la base de que ningún alumno o alumna se vea perjudicado por la crisis del coronavirus, se reconoce la labor de los docentes y el esfuerzo general del alumnado para dar continuidad al curso y así poder finalizarlo dentro del calendario previsto. Además, se evalúa todo el año académico, haciendo hincapié en la necesidad de tener en cuenta las dificultades de las clases online, pero abandonando la tentación del aprobado general. Estas cuestiones fueron reivindicadas por CSIF de manera pública y formaron las bases de nuestras propuestas para la elaboración del documento de medidas para el fin de curso que la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado le trasladó y de la que formamos parte por ser uno de los sindicatos más representativos en la Educación.
Con estas medidas, que implicaban aclarar a los docentes la flexibilidad curricular de sus materias, así como la dinámica a seguir hasta final de curso, CSIF considera que era suficiente pues marcaba directrices comunes a todo el Estado. A partir de estas premisas el profesorado, que es quien mejor conoce el rendimiento académico de sus alumnos, evaluará de la manera más justa y equitativa con el firme propósito de que ninguno de ellos se quede atrás por culpa de esta situación, como asimismo recordó en rueda de prensa el Secretario de Estado. La sociedad puede estar tranquila al respecto: ningún alumno/a repetirá por motivos de la parálisis de las clases presenciales.
Por esto CSIF no entiende sus declaraciones y las de diferentes responsables de educación de Comunidades Autónomas en el sentido de que será el equipo docente quien determinará la promoción y titulación «sin tener en cuenta las materias suspensas» y que las autonomías en base a «sus competencias» decidirán si asumirán o no el documento y para finalizar con la afirmación de que no es al Ministerio a quien «corresponde determinar el número de materias suspensas con las que se puede promocionar o titular» causan inquietud a los docentes, a la sociedad y desde luego a esta organización sindical.
La Constitución Española reconoce el derecho a la Educación en su artículo 27 y fija como competencia exclusiva del Estado la «regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia» en su artículo 149-30ª. Como la Ley Orgánica en vigor establece las condiciones mínimas de promoción y titulación para toda España, corresponde al Ministerio establecer qué argumento jurídico apoya al equipo docente para obviar esta realidad legislativa y, por otra parte, también le corresponde garantizar la igualdad de trato de todo el alumnado de todo el Estado y no dejarlas a unas competencias autonómicas que nunca han tenido.
Creemos necesario tranquilizar a los docentes a los que se transfiere esta responsabilidad. Además, también se insta a trabajar con las recuperaciones durante el curso que viene y no se hace mención a ningún tipo de apoyo, desdoble o reducción de ratio. Por todo ello, y como estamos solicitando en todas las Comunidades Autónomas, solicitamos la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional para aclarar las condiciones laborales de los docentes con estas medidas, tal y como se establece en el Estatuto Básico del Empleado Público.
