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MADRID.– El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conmemora el octavo aniversario de su llegada a La Moncloa en un escenario político radicalmente opuesto al de aquel lluvioso junio de 2018. Tras desalojar al Partido Popular mediante una moción de censura fundamentada en la regeneración democrática, la sombra de la corrupción vuelve a cercar al Ejecutivo y al PSOE, reactivando los reproches de la oposición y abriendo brechas internas en la formación socialista.
La efeméride ha devuelto a la actualidad un documento simbólico: la carta manuscrita que Sánchez entregó a cada uno de sus ministros en el primer Consejo de Ministros del 8 de junio de 2018. «Respondamos a la ejemplaridad que cabe esperar de este nuevo Gobierno» y «estemos siempre a la altura de una ciudadanía que reclama otra forma de gobernar», rezaba el texto. Ocho años después, varios de los destinatarios de aquella misiva y el entorno más cercano del presidente se encuentran bajo el foco de los tribunales.
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Un mapa judicial expansivo
La acumulación de causas judiciales sitúa al Gobierno en una posición de extrema vulnerabilidad. Entre las investigaciones en curso destacan:
- El ‘caso mascarillas’: Con el exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el banquillo.
- El ‘caso Zapatero’: La imputación del expresidente del Gobierno ha supuesto un duro golpe moral para las filas socialistas.
- El ‘caso Leire’: Una presunta trama de amaños de contratos de obra pública que salpica a la actual dirección del partido.
- Entorno familiar: Las diligencias judiciales que afectan directamente a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.
El último hito de esta crisis se produjo con la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE en la calle Ferraz, un suceso que ha incrementado el desánimo dentro de las federaciones socialistas.
Doble rasero y malestar en las filas socialistas
El contraste en la gestión de las crisis ha generado tensiones internas. Mientras que con José Luis Ábalos el PSOE actuó de manera fulminante exigiéndole el acta de diputado, la dirección del partido mantiene por ahora su confianza en la gerente de la formación, Ana María Fuentes, imputada por presunta falsedad documental mercantil, y en el diputado Juan Francisco Serrano. Desde Ferraz se apela a la «presunción de inocencia» y se justifica la continuidad de Fuentes alegando que «ha llevado bien las finanzas».
La visión del socio de Gobierno: Desde Sumar marcan distancias con la gestión de la crisis y contradicen el discurso socialista de las «manzanas podridas». Fuentes de la coalición aseguran de forma tajante que «la corrupción cero sí existe y es un fin que debemos perseguir».
Estrategia de victimización y voces críticas
Ante la presión judicial y mediática, el ala dura del Gobierno —encabezada por el ministro Óscar Puente y respaldada por el propio Sánchez— ha optado por denunciar una estrategia de «victimización», acusando a la oposición de utilizar «métodos no democráticos» para derribar al Ejecutivo. En un reciente acto de partido, Sánchez arremetió contra lo que calificó de «oposición marrullera»: «Van a por nosotros, a que salgamos con el carnet del PSOE y las manos arriba».
No obstante, el cierre de filas escenificado por Sánchez en la última reunión a puerta cerrada con la dirección de su partido —donde pidió «tranquilidad y confianza en la Justicia»— no parece calmar las aguas. Históricos del socialismo, como el exministro Ramón Jáuregui o el expresidente andaluz Rafael Escuredo, ya reclaman públicamente la convocatoria de un Congreso Extraordinario urgente para «renovar responsables», mientras que diversas voces territoriales empiezan a sugerir un adelanto de las elecciones generales para evitar un castigo severo en los próximos comicios municipales y autonómicos.
