La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha dado un paso significativo en su batalla legal al presentar una demanda de conciliación en los juzgados contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Esta acción es el preludio de una querella por injurias y calumnias, motivada por las declaraciones en las que se refirieron a él como un ‘delincuente confeso’.
Los abogados de González Amador han solicitado una compensación económica de 100.000 euros a Pedro Sánchez y 50.000 euros a Félix Bolaños. Estas demandas fueron presentadas como un paso previo a la querella, tal como informó el diario El Mundo.
Esta ofensiva judicial es parte de una estrategia más amplia de González Amador, quien ha emprendido acciones legales contra varios ministros debido a comentarios relacionados con un acuerdo que su defensa ofreció a la Fiscalía. Este acuerdo implicaba reconocer dos delitos fiscales para evitar un juicio.
En este contexto, la defensa del empresario sostiene que las declaraciones del presidente del Gobierno y del ministro Bolaños vulneraron sus derechos fundamentales. Con la demanda de conciliación, buscan que ambos se retracten públicamente.
Declaraciones Controversiales de Sánchez y Bolaños
Las declaraciones en cuestión se produjeron durante una comparecencia de Pedro Sánchez en Bruselas, donde respaldó al fiscal general del Estado tras la apertura de una causa en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos. Sánchez afirmó que el fiscal general ‘ha hecho su trabajo, perseguir al delincuente’, refiriéndose a González Amador como ‘un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda’.
Por su parte, el ministro Bolaños, en una comparecencia desde el Congreso, expresó: ‘Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad’. Estas declaraciones han sido interpretadas por la defensa de González Amador como un ataque directo a su cliente.
Contexto Legal y Acusaciones
A principios de febrero, el abogado de González Amador propuso un pacto a la Fiscalía, aceptando la comisión de dos delitos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021. Este acuerdo incluía una pena de ocho meses de cárcel y el pago de 525.000 euros para evitar ir a juicio.
Actualmente, González Amador está imputado junto a otros cuatro empresarios en una causa que investiga un posible fraude de 350.951 euros mediante una trama de facturas falsas. Esta investigación se centra en la entidad Maxwell Cremona S.L., de la cual González Amador es administrador.
La situación sigue desarrollándose, y el resultado de esta demanda de conciliación podría tener implicaciones significativas tanto para las partes involucradas como para el panorama político español en general.
