José Ángel González, ex-DAO de la Policía Nacional, asegura entrar «tranquilo» a los juzgados de Madrid en una jornada clave donde también comparece la denunciante para ratificar su querella.
Lee tambien: La Policía inspecciona un Alvia tras confundir un comentario sobre ‘La Revuelta’ con una amenaza de bomba
Te interesa
Día decisivo en los juzgados de Madrid para la cúpula de la seguridad del Estado. El comisario principal jubilado José Ángel González, quien fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta hace apenas un mes, ha comparecido este martes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8. Lo hace en calidad de investigado por una presunta agresión sexual denunciada por una inspectora del cuerpo.
A su llegada, González se ha mostrado escueto pero firme ante los medios: «Estoy bien y tranquilo», ha declarado antes de entrar a un interrogatorio que busca arrojar luz sobre lo sucedido el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial del Ministerio del Interior.
Lee tambien: El Gobierno veta la jubilación anticipada de Policía y Guardia Civil
Las dos versiones enfrentadas
El magistrado ha citado a ambas partes por separado para evitar cualquier contacto visual, siguiendo el protocolo habitual en casos de violencia sobre la mujer. Las posturas no podrían ser más distantes:
- La acusación: La inspectora ratifica que fue presionada para acudir a la vivienda oficial mientras estaba de servicio. Su querella describe «negativas inequívocas y persistentes» y denuncia una situación de «intimidación ambiental» y «superioridad jerárquica». Como prueba, ha aportado audios grabados durante el encuentro, capturas de WhatsApp y un registro de llamadas.
- La defensa: Los abogados del ex-DAO sostienen que los audios aportados no demuestran una agresión, sino una «relación de confianza». Alegan que la denuncia responde a un «ataque de celos» de la inspectora y han criticado duramente el «juicio paralelo» al que, según ellos, se está sometiendo al excomisario.
Una crisis institucional sin precedentes
El caso ha provocado un auténtico terremoto en el Ministerio del Interior. La dimisión de González como máximo jefe operativo (cargo que ostentaba desde 2018) fue solo el primer paso de una crisis que también ha derivado en la suspensión del comisario Óscar San Juan, a quien la denunciante acusa de coacciones para intentar silenciar el caso.
Además del presunto delito sexual, el juzgado deberá decidir si abre una pieza separada por revelación de secretos, después de que el abogado de la inspectora, Jorge Piedrafita, denunciara la filtración a la prensa de documentos que revelaban la identidad de la agente.
Próximos pasos
Tras las declaraciones de hoy, el juez deberá valorar si las pruebas tecnológicas y los testimonios son suficientes para continuar con el procedimiento o si, por el contrario, las grabaciones respaldan la tesis de la defensa. El desenlace de este caso marcará un antes y un después en la rendición de cuentas de los altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
