El reciente incidente protagonizado por Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso de los Diputados ha reabierto el debate sobre la necesidad de una reforma en las normas que regulan la acreditación de periodistas en la Cámara Baja. La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) ha exigido con urgencia medidas para evitar lo que consideran «comportamientos inadmisibles» que afectan la convivencia profesional y el ejercicio del periodismo en el Congreso.
El detonante de la nueva polémica ha sido la publicación de Ndongo en redes sociales, en la que señaló a una periodista de La Sexta, acompañando su mensaje con calificativos despectivos. En el video compartido por Ndongo, se escuchaba a la periodista pedir que no se grabaran las preguntas realizadas por Vito Quiles, agitador y jefe de prensa de Alvise Pérez. Este episodio ha generado indignación en la mayoría de los periodistas acreditados y ha llevado a la APP a reforzar su petición de establecer sanciones claras contra quienes incumplan las normas deontológicas de la profesión.
Un debate que se intensifica
El problema no es nuevo. La APP ya había solicitado la retirada de la acreditación de Quiles en el pasado, y el Congreso había constituido en junio de 2024 un grupo de trabajo para revisar las condiciones de acreditación. Sin embargo, los incidentes han seguido ocurriendo y han motivado que otras organizaciones profesionales, como la FAPE, también eleven su preocupación.
El grupo de trabajo del Congreso ha mantenido varias reuniones y fuentes parlamentarias confirman que se está buscando un consenso entre los partidos para establecer un régimen sancionador y normas de convivencia profesional. «Estamos a la espera de que los grupos concreten una propuesta reglamentaria», han indicado fuentes oficiales de la Mesa del Congreso.
Una reforma necesaria, pero compleja
El objetivo de la reforma es instaurar un código de conducta que garantice el respeto entre los profesionales, sin intervenir en el contenido de las informaciones. Sin embargo, la aplicación de sanciones plantea retos jurídicos. La retirada de acreditaciones de forma unilateral podría ser revocada por los tribunales, como ocurrió en 2019 cuando el Tribunal Supremo dio la razón al periodista Segundo Sanz tras la anulación de su acreditación.
Dado este precedente, las fuentes consultadas insisten en que la única vía viable es la reforma del reglamento. Para ello, es imprescindible la «voluntad política» de los partidos, que ahora parecen dispuestos a acelerar el proceso tras los últimos acontecimientos.
Denuncias desde la política
El PSOE ha sido una de las formaciones más contundentes en su condena. Desde Ferraz han emitido un comunicado solidarizándose con la periodista afectada y señalando que «las acreditaciones deben responder a criterios profesionales y de ética periodística». Según los socialistas, no pueden concederse acreditaciones «a pseudoperiodistas que actúan como matones de corrientes ultras y que buscan socavar las instituciones».
Unidas Podemos también ha insistido en la necesidad de regular el acceso a la acreditación, recordando que ya en febrero de 2023 solicitaron la retirada del pase a Javier Negre. En agosto de 2024, también pidieron a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la retirada de la acreditación a Quiles y Ndongo tras la difusión de informaciones falsas.
Con la presión creciente de los profesionales de la información y de los partidos políticos, el Congreso se ve ahora obligado a acelerar una reforma que lleva meses discutiéndose. Las próximas semanas serán clave para determinar si finalmente se establecen reglas claras que permitan sancionar comportamientos que vulneren las normas básicas del ejercicio periodístico en el Parlamento.
