El Gobierno central ha admitido la expulsión de 307 personas en Ceuta tras la crisis migratoria iniciada el 30 de julio. Sin embargo, el Ejecutivo aclara que estas repatriaciones respondieron a la comisión de delitos y no a expedientes por entrada irregular a la ciudad autónoma.
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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se han ejecutado 307 expulsiones desde el inicio de la crisis en el espigón de El Tarajal. Fuentes gubernamentales han precisado que estas salidas forzosas no se deben a expedientes incoados por cruzar la frontera de manera ilegal, sino a infracciones de la ley y delitos cometidos. Asimismo, aclararon que no se puede determinar si los expulsados accedieron durante el saldo masivo o si ya se encontraban en la ciudad autónoma previamente.
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Según los datos oficiales del Ejecutivo, alrededor de 10.000 personas continúan en Ceuta distribuidas entre zonas habilitadas, calles y playas, tras el retorno voluntario de 5.482 ciudadanos hacia Marruecos contabilizado desde el 10 de agosto.
En lo relativo a la infancia, la cifra de menores filiados alcanza los 1.612, que se suman a los casi 400 que ya tutelaba la ciudad autónoma con anterioridad. El ministro Torres señaló la dificultad de precisar cuántos menores permanecen aún sin registrar en la vía pública, estimando entre 700 y 1.000 adicionales según el reparto de alimentos que se realiza en la zona, lo que situaría la cifra total cerca de los 3.000.
Respecto a la tramitación de los expedientes, Torres defendió que la mayoría de los adultos no recibirán la protección del derecho internacional y terminarán siendo devueltos. Para acelerar el primer triaje de identificación, salud y vulnerabilidad, se ha reforzado el operativo con cerca de 100 agentes de Policía Nacional, habiéndose completado hasta el momento 1.822 evaluaciones a mayores de edad.
