El Gobierno ha presentado una propuesta de aumento salarial que beneficiaría a los empleados públicos con una acumulación aproximada del 10% durante el periodo de 2025 a 2028. Esta información ha sido confirmada por fuentes dentro de la negociación a RTVE.
Para los años 2025 y 2026, se ha planteado un limite donde el incremento no debería exceder el 4% en conjunto. Sin embargo, para los sindicatos este porcentaje es considerado «insuficiente», lo que los ha llevado a buscar continuar las negociaciones este jueves.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha mantenido una reunión reciente con colectivos sindicales como CSIF, CC.OO. y UGT. Este encuentro forma parte del calendario que presentó la secretaria de Estado del ramo, Consuelo Sánchez, en respuesta a posibles movilizaciones y una huelga general que estas organizaciones habían convocado debido al estancamiento de las negociaciones colectivas.
Los sindicatos han anunciado la realización de protestas y han amenazado con una huelga en diciembre si los diálogos sobre la subida salarial para los funcionarios no avanzan. Esta situación ha generado una gran expectativa entre los empleados públicos, quienes se sienten preocupados por el futuro de sus salarios.
Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, ha expresado que el límite establecido del 4% para 2025 y 2026 dificulta las negociaciones, enfatizando que un acuerdo de este tipo debería garantizara el poder adquisitivo de los trabajadores. No obstante, ha optado por no hablar sobre posibles movilizaciones en este momento.
Por otro lado, Lucho Palazzo, representante de CC.OO., ha calificado la oferta del Gobierno de «inaceptable», alertando que si la propuesta no se torna más ambiciosa, la huelga general en diciembre sería inevitable. Palazzo ha subrayado que la oferta actual resulta un insulto para los empleados públicos, quienes han enfrentado escollos significativos en sus ingresos durante años.
CSIF ha aportado una visión crítica, argumentando que la propuesta inicial no cubriría el incremento del costo de vida, dado que hasta octubre, la inflación había alcanzado un 3,1%. A pesar de esto, han reafirmado su compromiso de continuar las negociaciones en pro de un acuerdo justo.
Es importante mencionar que el anterior acuerdo marco que cubría de 2022 a 2024 expiró el 31 de diciembre sin un nuevo acuerdo, lo que ha dejado a los empleados públicos con el salario «congelado» este año. Desde 2022, han perdido un 8% de poder adquisitivo y, considerando desde 2010, ese descenso supera el 20%.
El Gobierno ha elevado el techo de gasto en un 8,5% y ha aprobado una senda de estabilidad que será sometida a votación en el Congreso. Esto aporta un contexto en el cual se exige al Gobierno presentar una oferta económica más sólida para los empleados públicos.
En respuesta a la resistencia de los sindicatos, el Ministerio liderado por Óscar López ha convocado un nuevo encuentro con las organizaciones para el 20 de noviembre a las 12:00 horas. Desde Función Pública, han afirmado que están dispuestos a considerar las propuestas formuladas por los sindicatos, reiterando su intención de continuar el diálogo.
