El Gobierno español pone en marcha el proceso administrativo para la extinción de cuatro entidades que apoyaban o exaltaban el régimen franquista, al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
El Ministerio de Cultura ha anunciado el inicio de las actuaciones previas para ordenar la extinción de cuatro fundaciones franquistas, entre las que se encuentran la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.
Según ha explicado el ministro, el proceso se basa en que estas fundaciones “no persiguen fines de interés general” y podrían estar incumpliendo los artículos de la Ley de Memoria Democrática relativos a la apología del franquismo, el menosprecio de las víctimas y la exaltación de la dictadura.
¿En qué consiste el procedimiento de extinción?
El trámite que se abre se estructura en tres fases:
- Actuaciones previas: el Ministerio solicita informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para analizar la actividad de la entidad y recabar documentación que justifique la apertura del expediente.
- Periodo de alegaciones: una vez comunicado el inicio del procedimiento, la fundación tendrá la oportunidad de formular alegaciones y presentar su defensa.
- Resolución judicial: tras informe de la Abogacía General del Estado, el expediente se eleva a la autoridad judicial para que declare la extinción si así corresponde.
Las fundaciones afectadas serán notificadas oficialmente y se les concederá un plazo para responder a los cargos. El trámite ya se había iniciado previamente para la Fundación Nacional Francisco Franco y ahora se amplía a las cuatro mencionadas.
¿Por qué se han elegido esas fundaciones?
El Gobierno ha señalado que estas entidades presentan en su actividad o estatutos elementos que podrían vulnerar tanto la Ley de Fundaciones como la Ley de Memoria Democrática, ya que incluyen homenajes al franquismo, exaltación de dirigentes del régimen o falta de claridad en su fin de interés general. El hecho de que dichas fundaciones funcionaran bajo ese marco hace que se consideren como posibles sujetos de extinción a través del procedimiento que establece la norma.
Relevancia y contexto político
La decisión se produce pocos días antes del 50.º aniversario de la muerte de Francisco Franco, lo que otorga al anuncio un fuerte componente simbólico. Para el ministro de Cultura, se trata de un paso significativo en la defensa de la memoria democrática, la verdad histórica y la reparación de las víctimas del franquismo.
La medida también ha generado reacciones políticas diversas: mientras los partidos que apoyan la ley la valoran como un avance necesario, las formaciones que representan herencias ideológicas del franquismo anuncian que vigilarán cómo se articula legalmente el proceso.
¿Qué consecuencias tendrá este proceso?
En el corto plazo, las fundaciones afectadas se verán obligadas a facilitar información, justificar su actividad y adaptar sus estatutos o documentos al requerimiento del Ministerio. Si el juez finalmente declara la extinción, los bienes y archivos podrían pasar a disposición del Estado o destinarse a una fundación sin ánimo de lucro que persiga el interés general, siempre conforme a lo establecido en la normativa.
En el ámbito de la memoria histórica y la cultura democrática, esta iniciativa refuerza la idea de que la administración pública no puede respaldar o permitir entidades que continúen operando con fines que atentan contra la dignidad de las víctimas, la verdad histórica o la ética de la democracia.
