A través de terapias de electrochoque y comas insulínicos, el régimen castigaba la disidencia sexual femenina en centros religiosos y psiquiátricos. Las supervivientes exigen verdad, justicia y reparación.
MADRID– El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985), una de las instituciones más opacas de la dictadura franquista creada para controlar la moralidad femenina, utilizó centros psiquiátricos para recluir y someter a terapias de choque a mujeres lesbianas. Así lo detalla la historiadora Carmen Guillén en la cuarta edición de su libro ‘Redimir y adoctrinar: el Patronato de Protección a la mujer’, una investigación que saca a la luz los mecanismos de represión contra miles de jóvenes consideradas rebeldes o «desviadas».
El Patronato, cuya gestión diaria recaía en congregaciones religiosas en toda España, funcionaba como un estricto aparato de control moral. Según explica Guillén, el sistema «castigaba la disidencia respecto al modelo de mujer sumisa y decente, vinculada al hogar». Cualquier joven que se saliera de las normas impuestas corría el riesgo de ser internada tras la denuncia de una autoridad, un familiar o un particular.
La cotidianidad en estos centros de reclusión estaba marcada por el «silencio, la oración y el trabajo forzado» en talleres. Los periodos de internamiento habituales oscilaban entre los seis meses y los dos años, pero podían alargarse hasta los seis años si las internas se fugaban y volvían a ser capturadas.
El peor escenario para el régimen
Dentro de los perfiles perseguidos, las mujeres homosexuales encarnaban «todo lo que el régimen quería evitar», señala la historiadora. Al manifestar instinto y deseo sexual hacia otra mujer, rompían radicalmente con los dogmas de la época. Por ello, una vez clasificadas como lesbianas dentro del Patronato, se las derivaba a salas específicas de centros psiquiátricos como el de Ciempozuelos (Madrid) —donde existía el ala de «las patronatas»— o el de Arévalo (Ávila).
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Consuelo García del Cid, superviviente y autora de ‘Las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer’, relata que la severidad de la represión variaba según la congregación religiosa a cargo. En el reformatorio de las Adoratrices en Madrid, de donde logró escapar en 1976, califica la persecución de «salvaje». Estaba terminantemente prohibido cualquier tipo de compañerismo, ya que las monjas interpretaban cualquier gesto de afecto como lesbianismo.
En los psiquiátricos, aunque las internas disponían de habitaciones individuales y no permanecían encadenadas, eran objeto de experimentación médica. «Eran electrochoques y comas insulínicos, estaban completamente aleladas», recuerda García del Cid tras acceder a documentación confidencial que le fue entregada de forma anónima. Una versión que suscribe la activista Paca Blanco, quien estuvo recluida en varios centros como Villalba y Peña Grande, y que presenció cómo la medicación y los electrochoques dejaban a las jóvenes «destrozadas».
Contraste entre centros y resistencia interna
La experiencia de las internas no fue homogénea en todo el territorio. En contraste con Madrid, García del Cid señala que en el centro del Buen Pastor en Barcelona existía una relativa libertad donde a las lesbianas «las dejaban en paz». En este centro catalán las internas no vestían uniforme y las jóvenes homosexuales se identificaban visiblemente sin ocultarlo. «Allí estábamos las fugadas de toda España y el perfil de rebeldía era muy elevado», explica la superviviente, apuntando que la imposición estricta de normas en ese entorno llegó a provocar motines.
Las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el amparo de esta institución a mujeres de entre 16 y 25 años incluyeron celdas de castigo, aislamiento, trabajos no remunerados para empresas externas, suicidios, adopciones forzadas y robo de bebés a madres solteras. Conocer el alcance real de estas cifras sigue siendo una tarea imposible debido a que los registros de las congregaciones religiosas continúan siendo de carácter privado.
Un final trágico y la búsqueda de reparación
El declive del Patronato de Protección a la Mujer se precipitó en 1983, a raíz de la tragedia de Inmaculada Valderrama. Con solo 15 años, la joven falleció al lanzarse por una ventana del reformatorio de San Fernando de Henares (Madrid), un suceso que aceleró el cierre definitivo del sistema en 1985.
Aunque este año se ha reconocido oficialmente como víctimas a 53 de estas mujeres, las colectividades de supervivientes e historiadores insisten en que «hay muchas más». Reclaman que el total de las afectadas sea incluido de forma explícita en la ley de memoria histórica para garantizar el acceso a una reparación económica que les permita «vivir con dignidad».
Para visibilizar y rescatar del olvido la memoria de estas jóvenes, el próximo mes de noviembre se estrenará en cines la película ‘Ruega por nosotras’, dirigida por Daniel Monzón.
