Antonio Narváez, magistrado del Tribunal Supremo y ponente encargado de redactar la resolución sobre la ‘ley de nietos’, participó en una cena informal con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en 2023. Durante el encuentro, el jurista manifestó su deseo de que los populares alcanzaran La Moncloa, criticó las alianzas políticas del PSOE en el País Vasco y puso en duda la fiabilidad del recuento electoral en los comicios donde interviene la empresa Indra.
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Citas opacas y cuestionamiento al proceso electoral
Según revelan fuentes conocedoras de la reunión a EL PAÍS, la cita reunió a varios fiscales y juristas con el líder de la oposición. Durante la cena, que se prolongó hora y media, los asistentes animaron a Feijóo a derogar las reformas legislativas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto asumiera el Ejecutivo.
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En su intervención, Narváez cargó de forma directa contra los acuerdos de gobernabilidad en Euskadi y la situación territorial:
«[Narváez alertó sobre las elecciones vascas asegurando que] se está perfilando una estrategia de coalición, con Bildu que es una organización filoterrorista, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y lo que quede de Podemos».
El jurista se refirió asimismo al conflicto catalán, asunto sobre el que ya tuvo que abstenerse durante su etapa en el Tribunal Constitucional tras ser recusado por los líderes independentistas al calificar el procés como un «golpe de Estado».
Suspensión cautelar del voto para los nacionalizados
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El señalamiento sobre la imparcialidad del magistrado se produce de forma paralela a la decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto a la Ley de Memoria Democrática:
- Suspensión del sufragio: El alto tribunal ha acordado suspender cautelarmente el derecho al voto de los ciudadanos nacionalizados bajo la ‘ley de nietos’, al estimar que existe un «peligro fundado, real y serio» de que esta masa de nuevos electores condicione la objetividad de los procesos electorales.
- División en el tribunal: La resolución salió adelante con el voto favorable de cinco magistrados —encabezados por el propio Narváez— frente al voto particular de la magistrada Alicia Millán, quien denunció que la medida despoja injustificadamente a ciudadanos de pleno derecho de sus prerrogativas políticas.
