La Memoria Anual del Ministerio Público señala dilaciones extremas de hasta 16 años entre la acusación y el juicio, aplicando atenuantes que reducen las condenas.
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La Fiscalía ha lanzado un serio aviso en su Memoria Anual sobre el deterioro estructural que sufre la Administración de Justicia en España. El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general Teresa Peramato, denuncia que los cuellos de botella en los tribunales están erosionando la respuesta penal frente a los delitos de corrupción y las infracciones por siniestralidad laboral, provocando una atenuación continuada de las condenas y una preocupante revictimización de los afectados.
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Según el análisis detallado de Anticorrupción, el principal atasco no se genera en la fase de instrucción, sino en la fase intermedia y en el señaIamiento de las vistas orales tras la presentación de los escritos de acusación. La Memoria documenta casos extremos como unas diligencias tramitadas en la Audiencia Nacional cuya acusación se formalizó en 2009 y cuyo juicio no se celebró hasta finales de 2025, acumulando casi 17 años de espera. Esta parálisis afecta igualmente a macrocausas como las piezas separadas de los ERE de Andalucía, donde expedientes como el de Altadis acumulan más de cuatro años de demora sin fecha prevista de señalamiento.
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La falta de medios materiales, la escasez de salas de gran capacidad y la escasez de magistrados provocan la aplicación sistemática de la atenuante de dilaciones indebidas —en muchos casos con carácter de muy cualificada—. Esta circunstancia fuerza al Ministerio Público a pactar conformidades casi inevitables, desvirtuando la práctica de las pruebas y la eficacia de las sanciones penales. Un panorama similar se registra en los juzgados que tramitan accidentes de trabajo, donde el tiempo medio para dictar sentencia roza los seis años desde la fecha del siniestro, habiéndose registrado resoluciones condenatorias dictadas en 2025 por hechos ocurridos en 2006.
Para revertir esta dinámica, la Fiscalía confía en las herramientas de agilización introducidas por la reciente Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, como la audiencia preliminar en los procedimientos abreviados. No obstante, el órgano fiscal insiste en la necesidad urgente de impulsar una reforma estructural de mayor alcance que contemple la creación de juzgados y tribunales especializados en materia económica para evitar que las causas penalmente complejas acaben prescribiendo o cerrándose con penas puramente simbólicas.
