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La ONG Women’s Link presenta una comunicación urgente ante seis mecanismos del organismo internacional por temor a represalias y defiende la competencia de los tribunales españoles.
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El conflicto judicial en torno a las denuncias presentadas por dos exempleadas del cantante Julio Iglesias ha dado un salto al ámbito internacional. La organización sin ánimo de lucro Women’s Link ha registrado una comunicación urgente ante seis mecanismos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para requerir su intervención en el caso, manifestando un «fundado temor a represalias» sobre las querellantes y sus familias a raíz del procedimiento instruido por presuntos abusos cometidos en 2021 en las residencias del artista en Bahamas y República Dominicana.
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La iniciativa ante la ONU se produce de forma paralela a la querella interpuesta el pasado 3 de septiembre ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia en España. Previamente, en enero de 2026, las extrabajadoras formalizaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional que fue decretada para su archivo pocas semanas después, al estimar el Ministerio Público que la jurisdicción española carecía de competencia territorial para investigar hechos supuestamente acaecidos en el extranjero. Por su parte, la representación legal del artista, liderada por el letrado José Antonio Choclán, ha reiterado la falta de jurisdicción de los tribunales españoles.
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A través del escrito remitido a relatores especiales de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, formas contemporáneas de esclavitud y discriminación, la ONG expresa su honda preocupación ante la posibilidad de que el Estado español incumpla sus obligaciones de investigación. Asimismo, insta a los expertos internacionales a requerir información al Ejecutivo central sobre cómo garantizará medidas de protección efectivas para las denunciantes —identificadas bajo los seudónimos de Rebeca y Laura—, incidiendo en el desequilibrio derivado de la posición de poder económico y social del querellado.
Desde la defensa letrada de las trabajadoras argumentan la existencia de fallos estructurales en el acceso a la justicia para mujeres migrantes del servicio doméstico, señalando que los factores de vulnerabilidad social no deben suponer un obstáculo administrativo. En el texto presentado ante el organismo internacional se citan precedentes en los que España ha sido amonestada por falta de diligencia en la investigación de violaciones de derechos humanos, entre los que figuran la resolución del Comité CEDAW en 2014 por el ‘caso Ángela González Carreño’ o la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en octubre de 2024 relativa al ‘caso T.V. c. España’.
