La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ denuncia ante el Rey Felipe VI las acusaciones de ‘lawfare’ y exige lealtad institucional a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En el marco de la ceremonia solemne de apertura del año judicial 2026-2027, celebrada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey Felipe VI, la presidenta del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha lanzado una contundente advertencia institucional. La magistrada ha denunciado públicamente que las acusaciones de motivación ideológica dirimidas contra los jueces —catalogadas recurrentemente bajo el concepto de lawfare— constituyen una «imputación de extraordinaria gravedad» que atenta de forma directa contra el Estado de Derecho y desconoce el mandato constitucional conferido a la Carrera Judicial.
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Durante su intervención, Perelló enfatizó que las descalificaciones vertidas desde cargos con responsabilidad pública buscan convertir la crítica en un mecanismo de coerción procesal. Apoyándose en los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y en los informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, la presidenta del Poder Judicial recordó que los poderes del Estado tienen la obligación de evitar declaraciones que menoscaben la confianza pública en los tribunales. Si bien defendió el derecho a la discrepancia jurídica fundamentada como una herramienta de mejora del sistema, rechazó tajantemente que las resoluciones se atribuyan a inercias políticas.
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Al margen del plano institucional y la defensa de la independencia judicial, el discurso ofreció un balance de la gestión del órgano de gobierno de los jueces tras dos años de su renovación. Perelló destacó la aprobación de 37 nuevos nombramientos discrecionales durante el último ejercicio, alcanzando un total de 198 designaciones con un 40% de presencia femenina. Asimismo, subrayó el hito histórico que supone la presencia de mujeres al frente tanto de la Fiscalía General del Estado como del propio CGPJ, en un contexto donde el estamento judicial cuenta con cerca de un 60% de juezas en sus filas.
La presidenta del Supremo concluyó su alocución haciendo balance de la sobrecarga de trabajo que atenaza a la Administración de Justicia, donde los juzgados resolvieron más de siete millones de asuntos en 2025 pero acumulan una pendencia cercana a los 4,7 millones de expedientes. Ante la saturación provocada por la litigación masiva y el déficit estructural de plantilla —con ratios inferiores a la media comunitaria—, Perelló reclamó la convocatoria anual de 367 plazas judiciales durante la próxima década y la aprobación urgente del Estatuto del Gabinete Técnico. El acto finalizó con un recuerdo para las víctimas de emergencias recientes, entre ellas los afectados por la crisis migratoria de Ceuta.
