Los socialistas recuerdan que ya presentaron una propuesta al Pleno en la que solicitaron la implementación de programas de cumplimiento normativo en cada una de las sociedades de capital público del Ayuntamiento
La petición al Ministerio Fiscal de 6 millones de euros a la Ciudad en el conocido Caso Emvicesa, «viene a poner de manifiesto la desastrosa política de control que el Gobierno Juan Vivas y el Partido Popular ha llevado a cabo en las empresas municipales durante años, el secretario general de los socialistas ceutíes», según manifiesta el secretario general del PSOE, Manuel Hernández.
Hernández, que «muestra su total respeto a las decisiones y pronunciamientos judiciales así como defiende la presunción de inocencia», precisa que «la única solución que se le ocurre al Ejecutivo, como viene haciendo en la mayoría de los casos, es la de recurrir el auto de apertura oral de juicio. Decisión que no es novedosa en este Ejecutivo cada vez que se tiene que enfrentar a resoluciones judiciales». En esta ocasión, «el Ejecutivo tampoco entona el mea culpa por lo sucedido y se limita a decir que fue el mismo Gobierno el que llevó el asunto a los tribunales. Pero no habla nada de que si se hubiera implantado el compliance, como el PSOE ha solicitado en pleno, estas cosas no pasarían», dice el socialista.
«Le recuerdo que en 2010 ya se introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica por los hechos de los administradores sociales. En 2015 se modifica y se introduce el compliance como eximente», precisa Hernández. En este sentido, el socialista también recuerda al Gobierno que en el pleno del pasado mes de julio presentó una propuesta en la que solicitaba la implementación de programas de cumplimiento normativo en cada una de las sociedades de capital público del Ayuntamiento.
Los socialistas explican que el compliance o cumplimiento normativo es la necesidad de una empresa de establecer procedimientos adecuados para garantizar que tanto directivos, empleados y demás agentes relacionados cumplan con la normativa actual. Para ello es necesario identificar y clasificar los riesgos legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos de prevención, gestión, control y reacción. Cuando hablamos de marco normativo no solamente nos referimos a leyes sino también a políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar, pues existen multitud de casos en los que una actuación puede ser legal pero no ética, se explicaba en la propuesta presentada por los socialistas.
Es por todo ello que el PSOE exige a Vivas y al Gobierno del PP que «cumpla con lo que se aprueba en las sesiones plenarias y que ponga en marcha el compliance en todos los organismos y empresas municipales».
