Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han confiscado durante 2023 un total de 3.670.061 productos falsificados que habrían alcanzado un valor en el mercado de 148.911.114 euros. Estas operaciones resultaron en 1.310 intervenciones que culminaron en la detención o investigación de 1.238 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial.
Estos datos forman parte del informe anual publicado por el Ministerio del Interior en el Portal Estadístico de Criminalidad, específicamente en la sección de Datos/Propiedad Industrial. El informe incluye operaciones realizadas por la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d’Esquadra y policías locales.
El sector textil es el más afectado por las falsificaciones, representando el 62 % del total de productos incautados. Otros sectores afectados incluyen la juguetería (12,9 %), marroquinería y complementos (4,5 %), y calzado (3,1 %).
En cuanto a los lugares de incautación, la mayoría de los productos falsificados se encontraron en naves, fábricas y almacenes (67,8 %), seguidos de establecimientos comerciales (18,4 %) y domicilios (5,1 %). Las comunidades autónomas con mayor número de incautaciones fueron Cataluña, Madrid, Comunitat Valenciana, Illes Balears y Región de Murcia.
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La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, ha reconocido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra las falsificaciones. La OEPM ha subrayado que las infracciones a los derechos de propiedad industrial tienen consecuencias negativas para la economía y la sociedad, incluyendo la destrucción de puestos de trabajo directos y la reducción de ventas de productos legítimos. Además, los productos falsificados representan un riesgo para los consumidores, al evadir los controles de calidad y normas de fabricación necesarias para una comercialización segura.
Los datos publicados son fundamentales para diseñar acciones dirigidas a sensibilizar y concienciar a la población sobre los efectos negativos del consumo y adquisición de productos falsificados en España. La OEPM se compromete a implementar políticas públicas más eficaces para la protección de los derechos de propiedad industrial y la lucha contra su vulneración.
