La jueza Inmaculada Iglesias ha convocado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para comparecer el próximo 29 de noviembre. Esta citación es parte de una investigación sobre presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad en documento mercantil.
Según la providencia emitida por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, la magistrada también ha llamado a otros cuatro investigados en el mismo procedimiento. Las comparecencias, inicialmente previstas para junio, fueron aplazadas a petición de la acusación popular representada por el PSOE y Más Madrid, quienes solicitaron investigar cinco nuevos delitos basados en un informe de la Agencia Tributaria.
El pasado miércoles, la jueza decidió abrir una pieza separada para determinar si González Amador cometió otros delitos, como administración desleal, al usar una empresa pantalla para ocultar negocios con el Grupo Quirón. Un informe de la Agencia Tributaria señala una ‘operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria’ en 2021, utilizando la sociedad Masterman S.L. para ceder parcialmente un contrato de servicios entre Maxwell Cremona y Quirón Prevención S.L.
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Indicios delictivos en 2020 y 2021
La investigación se centra en posibles delitos relacionados con el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021, y un presunto delito de falsedad documental por facturas no correspondientes a servicios prestados. Estas acciones habrían reducido la cuota tributaria a pagar, dejando de ingresar 155,000 euros en 2020 y 195,951 euros en 2021.
La Fiscalía inició la investigación tras recibir un informe de la Agencia Tributaria en enero, que alertaba de un fraude fiscal basado en gastos ficticios. Según la denuncia, el objetivo era reducir el pago del Impuesto de Sociedades.
Un fraude superior a 120,000 euros
El informe menciona dos delitos contra la Hacienda Pública, con un fraude cuantificado por la Inspección de Hacienda en más de 120,000 euros, y un presunto delito de falsedad documental. La dirección de la sociedad durante el periodo investigado estaba a cargo de Alberto G. A., quien habría llevado a cabo conductas para eludir la tributación ante el aumento del volumen de negocios.
Las actuaciones de comprobación por parte de la Agencia Tributaria comenzaron en mayo de 2022, detectando que la sociedad había realizado acciones para reducir su tributación en los ejercicios 2020 y 2021.
