El hasta hoy senador por Ceuta de Vox, Juan Ros, ha entregado su acta tras una reunión con el equipo del Senado de la formación de extrema derecha a raíz de la denuncia por violencia de género a la que se enfrenta. El partido asegura que se le ha aplicado «el procedimiento interno» que tiene en sus estatutos para casos como este.
Juan Ros ha dejado de ser uno de los dos senadores que representan al pueblo ceutí en la Cámara Alta tras presentar su renuncia al acta a última hora de hoy, jueves 19 de febrero.. Tras hacerse público que ayer fue denunciado por la Guardia Civil por un posible delito de violencia de género, Ros no ha tenido más remedio que entregar el acta. Primero, el partido anunciaba que lo suspendía de militancia y finalmente, tras una reunión mantenida con el equipo de VOX en el Senado ha presentado su renuncia por escrito, según ha desvelado el partido de Santiago Abascal.
La formación negacionista de la violencia de género asegura que en el momento de la formación de las listas electorales para los comicios del 10 de noviembre, Juan Ros tuvo que presentar «diversa documentación» entre la que figuraría un Certificado de Panales» que según Vox «está expedido por el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia y está fechado en Málaga el pasado 4 de abril» y en el que se hacía constar «dejaba claro que no existían antecedentes penales de ningún tipo».
Juan Ros no tiene antecedentes penales, según Vox
Además, el partido señala que Ros «también se le pide a los candidatos que firmen el reglamento de VOX para cargos electos, que implica que su actuación se regirá por las directrices que establece el partido y, según el cual, situaciones como esta implican la salida de la disciplina del partido, la devolución del acta y la apertura de expediente disciplinario de expulsión«.
Por último, Vox presume de la celeridad con la que habría aplicado el «procedimiento interno» a su hasta ahora senador «a diferencia de lo que ocurre en otras formaciones políticas en las que se mantienen a los cargos imputados y condenados sin que se interrumpa su actividad política».
