Hace treinta y siete años se constituía como asociación profesional lo que es hoy Juezas y Jueces para la Democracia. Anteriormente, bajo la dictadura franquista, se contaba con la experiencia de Justicia Democrática. Una organización de jueces, fiscales y secretarios, constituida al margen de la ley, de amplio espectro ideológico, que buscaba afanosamente un espacio cultural en el que pudieran convivir el ejercicio independiente de una jurisdicción digna de ese nombre con un compromiso firme con los valores democráticos.
Ya en los primeros años de la transición, en un contexto de corporativismo imperante en la Judicatura y con su cúpula copada por nostálgicos del régimen, la entonces Jueces para la Democracia surge reivindicando un poder judicial auténticamente independiente del ejecutivo y sometido al control de la opinión pública, con un modelo constitucional de juez comprometido con la realidad social.
Frente a quienes sostenían que el texto de la recién aprobada Constitución de 1978 era una mera declaración programática, carente de valor efectivo, siguiendo el mismo patrón de las Leyes Fundamentales franquistas, esta asociación judicial defendía su eficacia directa. En su acta constituyente, Jueces para la Democracia hace un llamamiento a integrar a las juezas y jueces que “con un profundo sentido crítico hace de la noción de justicia como servicio público y de la necesidad de convertir la Constitución en algo vivo y cotidiano el eje fundamental de su existencia”. Entre las señas de identidad del nuevo colectivo destaca el empeño del juez en interpretar la legalidad vigente con arreglo a los valores constituciones de “libertad, justicia, igualdad y pluralismo político”, dando cabida a las justas demandas de amplios sectores sociales que raramente habían tenido oportunidad de reconocerse en la institución judicial.
Desde un inicio, hemos defendido una Justicia amable, pues la rigidez y autoritarismo del modelo judicial vigente caracterizaban una Judicatura antipática y lejana, en la que la ciudadanía no se sentía reconocida. Y así, junto a su caracterización como poder, destacamos la administración de Justicia como servicio público en el que sus protagonistas no son los jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia, abogados, procuradores o graduados sociales sino los ciudadanos. Fruto de ello fue el impulso de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, una iniciativa parlamentaria histórica que alcanzó por primera y única vez la unanimidad de todos los grupos políticos, aun cuando careciese de fuerza de ley.
A lo largo de estos treinta y siete años, hemos protagonizado una esperanzadora campaña con el lema “La Justicia tiene solución”, implicando a todas las profesiones jurídicas. Abanderamos la lucha contra las corruptelas de nuestra administración de Justicia, denunciando las astillas, y propusimos remedios para atajar los abusos en la tramitación de los procedimientos. Combatimos la tortura y el abuso policial con serios encontronazos con el poder ejecutivo que en ocasiones trató de amparar actuaciones inadmisibles. Fomentamos una cultura garantista de la jurisdicción e impulsamos la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la barbarie mas allá de nuestras fronteras.
Y conviene tener presente que nuestra asociación fue una de las muñidoras del Pacto de Estado para la Justicia, en el año 2002, con el declarado propósito de sustraer de la refriega política al poder judicial.
A punto de cumplir la cuarentena, la asociación ha demostrado ser imprescindible en el panorama judicial español. Con la masiva incorporación de las mujeres a la carrera judicial en las últimas décadas, acordamos el cambio de nombre haciendo visible a nuestras compañeras. Juezas y Jueces para la Democracia lucha por una igualdad real conforme establece nuestra Constitución, promoviendo medidas positivas que aseguren ese principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos para cargos judiciales, a que se refiere la Ley de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La alarma ciudadana provocada por los escándalos de corrupción política y económica nos ha forzado junto con otras asociaciones judiciales y de fiscales a apelar al fortalecimiento del poder judicial como único garante de corregir las desviaciones de poder. Hemos impulsado desde la Judicatura una lucha sin cuartel contra la delincuencia económica. Y son constantes nuestras denuncias de injerencia de los responsables políticos en las instituciones judiciales, tratando de controlar determinados juzgados y tribunales.
Una vez mas, los tiempos que corren han puesto en valor la importancia de la Justicia y acrecentado el protagonismo de Juezas y Jueces para la Democracia en la defensa de los más débiles, ya sean quienes han sido desahuciados por el impago de su hipoteca, trabajadores en precario, víctimas de las preferentes, mujeres, menores, discapacitados o migrantes. Y ahí la labor de las asociadas y asociados se ha revelado fundamental. Su activismo judicial a través de cuestiones prejudiciales ante instancias judiciales superiores ha culminado con éxito.
Hoy es un buen momento para recordar a quienes ya no están con nosotros, sentimos su ausencia, pero nos han dejado su legado.
Han transcurrido casi cuatro décadas de nuestra historia en los que hemos perseguido una Justicia independiente, libre de injerencias, provista de medios, transparente y atenta con la ciudadanía y la lucha continúa.
