Según el informe remitido a la Ciudad, la modificación del contrato es inviable por dos razones. Entre ellas, que no se puede volver a modificar un contrato que ya fue modificado en 2015 incrementando su precio inicial en un 10% y, en segunda instancia, que el pliego de contratación «no cumple con los requisitos necesarios de claridad y precisión que exige la normativa aplicable»
La consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Kissy Chandiramani, ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de el informe de la Abogacía del Estado sobre la modificación del contrato de limpieza que pretendía llevar a cabo el Ejecutivo Local. Según ha detallado la consejera, dicho informe establece que el plan de servicios «supone una modificación del contrato al variar el precio del mismo», una modificación que no puede llevarse a cabo por dos razones. En primer lugar, porque ya se alcanzó el límite de modificación del contrato, que es de un 10% con respecto a su importe inicial, en el año 2015 cuando el Gobierno de la Ciudad acometió ya una modificación del mismo. En segunda instancia, porque la «cláusula 36» del pliego de contratación «no cumple con los requisitos necesarios de claridad y precisión que exige la normativa aplicable». «Es decir, el límite del 10% podría haberse ampliado si se hubiesen cumplido con ciertos requisitos que se establecen en la propia ley de contratos del sector público», ha valorado Chandiramani.
En este sentido, la consejera ha asegurado que se ha encargado a la Dirección Facultativa que «se eliminen servicios extraordinarios que por la pandemia no se van a realizar», como la feria, la Virgen del Carmen, el Mercado Medieval, etc., «para incorporar servicios nuevos pero equilibrando el coste para esta Administración a coste cero. En caso de que en 2022 la pandemia fuese cosa del pasado, se volverían a reponer los servicios eliminados, suprimiendo, en este caso, los nuevos que se quieren incluir.
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En cualquier caso, la Ciudad estudiará las tres alternativas a la modificación del contrato que plantea la propia Abogacía del Estado. Según Chandiramani, puede existir «una posibilidad cierta de producirse una lesión grave al interés público y, por ello, la abogada del Estado entiende que podría iniciarse un proceso de resolución del contrato y, de forma simultánea, un procedimiento de adjudicación de un nuevo contrato de servicios. Esto tendría la consecuencia de que mientras se resuelve y se adjudica podríamos obligar al contratista a prestar el servicio». Además, el contratista tendría derecho a una «indemnización del 3% hasta el tiempo que queda para que se resuelva el contrato», que es en febrero de 2023.
La segunda vía «sería acudir a un procedimiento de contratación de emergencia de servicios indispensables para atender la pandemia» y la tercera, encargar los servicios extraordinarios a un medio propio como una sociedad municipal o la empresa TRAGSA.
«Hay que recabar los informes necesarios y hay que ver cuál cumple con las expectativas de todos los intervinientes en este procedimiento. El asunto es de tal importancia que hay que determinar con todos los servicios de la Ciudad, con la contrata, con el comité de empresa y con todos los grupos políticos de la Asamblea cuál es la decisión que cumple con el interés general. Estamos hablando, bajo mi entender, de un problema de procedimiento. Creo que nadie pone en duda la necesidad de ampliar los servicios para atender a la covid-19«, ha indicado Chandiramani a pregunta de los periodistas.
Sin embargo, el MDyC ya denunció en su momento la pretendida modificación del contrato llegando a advertir de que el único servicio que proponía eran baldeos con hipoclorito de sodio, es decir, lejía. «Me parece muy retorcido que, lejos de hablar de una manera en la que sea mucho más comprensible, entendemos que algunos tienen ínfulas que los hacen separarse de lo mundanal, solo se está proponiendo limpiar con más lejía”, valoró en su momento la líder de MDyC, Fatima Hamed. A este respecto, Chandiramani ha comentado que sí cree que más limpieza ayudará a contener a la covid-19 y ha recordado que «el año pasado, en el mes de junio, se emitió un informe por el departamento de Salud Pública que decía que era necesario incrementar los servicios de limpieza donde hubiera aglomeraciones».
