MADRID / CEUTA. — La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha requerido al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta que evalúe su inhibición en favor del órgano central para unificar las pesquisas judiciales sobre la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio. El movimiento busca incorporar al sumario nacional la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez.
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La iniciativa judicial se produce tras conocerse la dimisión del jefe de Gabinete de la Delegación, Gonzalo Sanz, desencadenada por contradicciones internas sobre las alertas de seguridad remitidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) horas antes del cruce fronterizo.
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Claves de la causa judicial
- Inhibición de competencias: La jueza Tardón, que ya asumió formalmente la causa el pasado 7 de septiembre, ha remitido su auto al juzgado ceutí para que valore si los hechos denunciados contra el delegado del Gobierno encajan en el procedimiento de alcance nacional que investiga la respuesta institucional ante la crisis.
- La alerta del CNI por WhatsApp: La querella detalla que el CNI avisó formalmente al jefe de Gabinete el 29 de julio a las 13:52 horas sobre convocatorias en redes sociales —en grupos con más de 180.000 seguidores— para un asalto masivo por valla y mar coincidiendo con la Fiesta del Trono en Marruecos.
- Cruce de versiones y dimisión: Pese a constar una llamada telefónica de 11 minutos con los servicios de inteligencia esa misma jornada, el jefe de Gabinete dimitió el pasado viernes tras sostener que sí trasladó la advertencia al delegado del Gobierno, extremo que este último niega.
- Posible prevaricación por omisión: Fuentes jurídicas señalan que la instrucción busca esclarecer si las autoridades con responsabilidad en la custodia fronteriza ignoraron de forma deliberada los avisos de riesgo elevado, lo que podría derivar en responsabilidades penales por prevaricación administrativa por omisión.
