Silvia Rojas considera necesario investigar si las decisiones adoptadas antes de la entrada masiva pudieron influir en las muertes y lesiones registradas los días 30 y 31 de julio
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La Fiscalía de Ceuta considera que debe investigarse la actuación del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, ante la posible existencia de una relación entre sus decisiones y los fallecimientos registrados durante la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.
Así lo recoge la fiscal de Ceuta, Silvia Rojas, en un escrito fechado el pasado 9 de septiembre, incorporado a la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta sobre las muertes ocurridas los días 30 y 31 de julio.
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En el documento, Rojas señala la necesidad de analizar si existió una “eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar” los fallecimientos producidos durante el cruce masivo de la frontera.
La investigación ha pasado ahora a la Audiencia Nacional, después de que los juzgados ceutíes se inhibieran en favor del órgano dirigido por la magistrada María Tardón, que concentra las distintas causas relacionadas con los acontecimientos.
La Audiencia Nacional investigará todos los aspectos de la crisis
La magistrada María Tardón será la encargada de analizar las diferentes vertientes del caso: desde las muertes y lesiones producidas en la frontera hasta la posible planificación de la movilización y la actuación de las autoridades españolas ante las alertas previas.
Será la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la propia jueza instructora quienes deberán decidir si procede abrir una investigación penal sobre el delegado del Gobierno en Ceuta.
El fiscal responsable de la causa en el Juzgado Central de Instrucción número 3 es Jesús Alonso Cristóbal.
La fiscal reclama analizar las alertas y los dispositivos desplegados
En su escrito, Silvia Rojas sostiene que para valorar la actuación del delegado del Gobierno resulta necesario estudiar de forma conjunta las circunstancias que rodearon la entrada masiva.
Entre los elementos que plantea investigar figuran:
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- La información disponible por parte de las autoridades españolas.
- Las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de migrantes.
- La organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción.
- Las órdenes e instrucciones emitidas por los responsables competentes.
- La posible existencia de omisiones relevantes en materia de prevención y protección.
Según la fiscal, las decisiones tomadas durante esos días pudieron tener incidencia en el desarrollo de los acontecimientos y en la exposición al riesgo de las personas que intentaron acceder a nado a Ceuta.
Posible relación causal entre decisiones y resultados investigados
Uno de los puntos destacados del escrito es la referencia a una posible “relación causal” entre las decisiones u omisiones atribuidas al delegado del Gobierno y los fallecimientos, lesiones u otros resultados que están siendo analizados judicialmente.
Rojas advierte además del riesgo de dividir la investigación en distintos órganos judiciales, al considerar que las actuaciones relacionadas con la frontera forman parte de un mismo contexto operativo y de toma de decisiones.
Por ello, defendió que la causa permaneciera unificada en la Audiencia Nacional para evitar una investigación fragmentada.
La investigación aborda también la planificación de la entrada masiva
La causa dirigida por María Tardón no se limita a estudiar la respuesta institucional, sino que también analiza la posible organización previa de la movilización.
La Audiencia Nacional ya ha acordado distintas diligencias para investigar las alertas recibidas antes del 30 de julio, las posibles convocatorias difundidas por redes sociales y la identificación de personas u organizaciones que pudieran haber participado en la planificación.
