La fiscal general del Estado y la ministra de Juventud e Infancia acuerdan agilizar los traslados a la Península, donde el Gobierno ha habilitado 500 plazas de acogida.
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La Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado oficial para alertar del alarmante volumen de causas judiciales abiertas por violencia sexual en Ceuta tras los episodios de entradas masivas registrados los pasados 30 y 31 de julio. Según los datos del organismo, ya superan la treintena los procedimientos judiciales tramitados por agresiones sexuales dirigidas contra mujeres migrantes en la ciudad autónoma.
El dato más crítico facilitado por el Ministerio Público apunta a la vulnerabilidad de las víctimas: en el 40% de las agresiones investigadas, los ataques fueron sufridos por menores de edad no acompañadas.
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Cumbre de urgencia y plan de derivación peninsular
Ante la gravedad de los hechos, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha mantenido un encuentro de trabajo con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para coordinar medidas de protección inmediatas.
- Aceleración de los traslados: Ambas responsables institucionales han coincidido en la necesidad imperiosa de acortar los plazos para derivar fuera de la ciudad autónoma a las menores migrantes expuestas a estas situaciones de riesgo.
- Habilitación de recursos: La ministra Rego ha informado a la fiscal general de que el Ejecutivo central ha acondicionado un cupo inicial de 500 plazas en la Península destinadas a agilizar la reubicación de las menores en el menor tiempo posible.
Protección a colectivos vulnerables
El despliegue de estas 500 plazas busca descongestionar la alta presión asistencial que sufre la red de acogida de Ceuta desde finales de julio y garantizar un entorno seguro a las víctimas menores de edad mientras continúan las actuaciones judiciales en curso.
