Una nueva investigación sobre la crisis global de la vigilancia a cargo de la red de medios de comunicación European Investigative Collaborations (EIC), con asistencia técnica del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, empieza a revelar hoy la escandalosa verdad sobre la enorme extensión de los tentáculos del sector y la ineficacia de la regulación de la UE para controlarlo.
Los “Archivos Predator” se centran en la “alianza Intellexa” —complejo grupo en constante transformación de empresas interconectadas— y Predator, su enormemente invasivo programa espía. Este programa espía, y sus variantes rebautizadas, puede acceder a cantidades incontroladas de datos en dispositivos. En la actualidad, no puede ser auditado de forma independiente y su funcionamiento no puede limitarse sólo a las funciones necesarias y proporcionadas a un uso y un objetivo específicos. Predator puede infiltrarse en un dispositivo cuando la persona usuaria hace clic en un enlace malicioso, pero también se puede introducir a través de ataques tácticos que pueden infectar silenciosamente dispositivos próximos.
Se han encontrado productos de la alianza Intellexa en al menos 25 países de Europa, Asia, Oriente Medio y África; estos productos se usan para socavar los derechos humanos, la libertad de prensa y movimientos sociales de todo el planeta.
Intellexa dice que es una “empresa regulada radicada en la Unión Europea”, lo que, en sí mismo, es una acusación condenatoria de cómo los Estados miembros y las instituciones de la Unión no han logrado impedir el alcance cada vez mayor de estos productos de vigilancia a pesar de una serie de investigaciones, como el Proyecto Pegasus en 2021.
“La investigación de los ‘Archivos Predator’ muestra lo que hace tiempo tememos: que se están comercializando productos de vigilancia enormemente invasivos a escala casi industrial y que éstos pueden operar libremente en la sombra sin supervisión ni una auténtica rendición de cuentas. Demuestra, una vez más, que los países e instituciones europeos no regulan efectivamente la venta y transferencia de estos productos”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Las empresas de tecnologías de vigilancia con sede en la Unión Europea y supuestamente reguladas por la Unión están sometidas a controles de la UE en aplicación de su reglamento sobre productos de doble uso que busca prevenir los perjuicios a los derechos humanos mediante el establecimiento de controles a la exportación de las tecnologías de vigilancia por empresas con sede en la UE. Como demuestra la investigación de los Archivos Predator, las entidades reguladoras de la UE no pueden o no quieren controlar y prevenir perjuicios a los derechos humanos en relación con la exportación de programas espía. Sólo hay una conclusión posible: dada la ineficacia de la regulación, demostrada una y otra vez, el uso de programas espías sumamente invasivos como Predator debe ilegalizarse.”
Tecnologías de vigilancia desbocadas
La investigación, que se ha desarrollado a lo largo de un año, ha sido obra de European Investigative Collaborations (EIC), una alianza de alrededor de una docena de organizaciones de medios de comunicación, con la asistencia del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, que ha llevado a cabo el análisis de la información técnica obtenida por EIC. El Laboratorio sobre Seguridad también ha realizado su propia investigación independiente, que se hará pública como parte de la investigación de los “Archivos Predator” en los próximos días.
“Los resultados de la investigación de los ‘Archivos Predator’ son tan irrefutables como los relacionados con la del Proyecto Pegasus que la precedió. Cabe afirmar incluso que son peores, pues las cosas han cambiado muy poco. Las empresas de vigilancia mercenarias como la alianza Intellexa han seguido vendiendo sus productos y ganan millones a expensas de los derechos humanos con casi total impunidad. Los Estados de la Unión Europea deben dejar de eludir su responsabilidad y empezar a poner freno a estas empresas”, dijo Donncha Ó Cearbhaill, director del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional.
El Grupo Intellexa, parte de la alianza Intellexa, produce el programa espía Predator y se anuncia como “empresa regulada con sede en la UE”. Fundada en 2018 por Tal Dillan, exoficial del ejército israelí, y varios de sus asociados, está controlada por el grupo empresarial Thalestris, con sede en Irlanda. La alianza Intellexa une el grupo Intellexa con el grupo de empresas Nexa, que operaba sobre todo desde Francia.
Entre los 25 países donde el consorcio de medios de comunicación EIC halló que se han vendido productos de la alianza Intellexa figuran Suiza, Austria y Alemania. Otros clientes son Omán, Qatar, Congo, Kenia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Pakistán, Jordania y Vietnam.
El análisis de Amnistía Internacional de la infraestructura técnica reciente ligada al sistema del programa espía Predator indica su presencia, de una forma u otra, en Sudán, Mongolia, Madagascar, Kazajistán, Egipto, Indonesia, Vietnam y Angola, entre otros.
Amnistía Internacional se puso en contacto con las entidades implicadas para pedirles comentarios, pero no recibió respuesta. No obstante, el consorcio EIC recibió respuesta de los principales accionistas y antiguos ejecutivos del grupo Nexa, que afirman que la alianza Intellexa ha dejado de existir.
En cuanto a las exportaciones de tecnologías de vigilancia a los Estados mencionados, afirman que, o bien “se estableció una relación comercial en pleno cumplimiento de la normativa aplicable”, o bien “nunca ha habido contrato y/o entrega”.
Por último, afirman que las entidades de la alianza Intellexa “respetaron escrupulosamente la normativa en materia de exportación”, si bien reconocen que establecieron “relaciones comerciales” con países que “distaban mucho de ser perfectos en términos de Estado de Derecho”, afirmando además que a menudo ello estaba en función de “opciones políticas” del gobierno francés.
El 9 de octubre se publicará un informe detallado sobre las conclusiones del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional: ‘The Predator Files: Caught in the Net’.
