Madrid, 29 de junio de 2026. — Un nuevo y de gran calado vuelco sacude la investigación del ‘caso Leire’. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intervenido en la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, una agenda manuscrita con anotaciones explícitas relativas a las ayudas públicas recibidas por la empresa Tubos Reunidos. En concreto, los apuntes hacen referencia a la autorización para aplazar la amortización parcial anticipada de la millonaria deuda que la firma mantenía con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El hallazgo figura en el último informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien este mismo lunes dictó la imputación de 25 personas, entre ellas la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda.
Implicación de la cúpula socialista: el papel de Santos Cerdán
De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, las evidencias incautadas bajo requerimiento judicial en la sede socialista son de extrema relevancia para el devenir de la causa. El texto detalla que las anotaciones manuscritas de la agenda intervenida:
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«Pondrían de manifiesto que el exdirigente socialista Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos, así como del papel desempeñado por los distintos investigados en relación con la obtención de la autorización correspondiente».
Este indicio vincula directamente el control o conocimiento de las operaciones de la presunta trama con las altas esferas del partido, lo que robustece la tesis de los investigadores sobre la existencia de una red de influencias coordinada para interferir tanto en la concesión de fondos públicos como en procedimientos judiciales de órbita gubernamental.
El mecanismo del fraude: el grupo ‘Hirurok’ y facturas «mendaces»
La tesis de la Fiscalía Anticorrupción apunta a que el núcleo de la operativa recaía sobre el grupo autodenominado Hirurok («Nosotros tres» en euskera), conformado presuntamente por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Este grupo habría maniobrado para el otorgamiento del préstamo de 112,9 millones de euros a Tubos Reunidos.
Por estas gestiones, los implicados habrían cobrado una comisión de 114.950 euros camuflada bajo supuestos servicios de «prospección de mercados» contratados con la mercantil Mediaciones Martínez. Aunque los pagos cuentan con soporte documental, la UCO los califica tajantemente de «facturas mendaces» cuyo fin real era dar apariencia de legalidad al cobro de mordidas.
Mandato ‘de facto’ y expansión a otras cuatro empresas públicas
El informe de la Guardia Civil pone especial énfasis en el papel de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, quien presuntamente se embolsó 40.000 euros derivados de esta operación. Los agentes sostienen que Fernández, incluso tras haber cesado oficialmente y antes de que se nombrara formalmente a un nuevo presidente en el organismo, siguió ejerciendo el control de la SEPI en la sombra. La UCO ha acreditado su asistencia a reuniones con terceros en representación de la entidad estatal, su acceso a bases de datos e información interna confidencial, así como la toma de decisiones e instrucciones directas al personal.
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Con la agenda de Ferraz sobre la mesa y los nuevos informes de la UCO, el juez Pedraz no solo mantiene el foco sobre la siderúrgica, sino que acelera la investigación de posibles irregularidades en otras cuatro adjudicaciones o convenios con entidades públicas bajo sospecha: Mercasa, Enusa, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias.
