La empresa propietaria del inmueble donde residía Maricarmen —la mujer de 87 años desahuciada recientemente en el distrito madrileño de Retiro— ha acusado públicamente al Sindicato de Inquilinas de obstruir las negociaciones para alcanzar una solución habitacional. La mercantil Urbagestión Desarrollo e Inversión SL sostiene que la actuación de la organización social ha imposibilitado un entendimiento y denuncia haber sufrido una campaña de «acoso e injurias».
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Ante esta situación, la propiedad ha llevado el conflicto a los tribunales mediante una querella por presuntos delitos de coacciones, revelación de secretos y vulneración del derecho al honor.
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Acciones judiciales y posturas enfrentadas
- Acción judicial contra el sindicato: La empresa reclama una indemnización de 10.000 euros por daños y perjuicios, exigiendo además una disculpa pública por escrito. Denuncian que el colectivo hizo públicos los datos personales de sus administradores y la dirección de correo electrónico en redes sociales, rechazando categóricamente el calificativo de «fondo buitre».
- Acusaciones de entorpecimiento: Según la propiedad, el Sindicato de Inquilinas habría rechazado las alternativas presentadas para solucionar el caso, priorizando la movilización pública sobre un acuerdo entre las partes.
- Respuesta del Sindicato de Inquilinas: Fuentes de la organización confirmaron que acudieron a un acto de conciliación previo sin acuerdo, al rechazar retractarse de sus críticas. El colectivo defiende que su actuación se ha limitado a visibilizar el desahucio de una inquilina vulnerable y señala que se encuentran a la espera de que se fije la fecha para el juicio.
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