Hoy hace 33 años que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño por Naciones Unidas, una convención que es vinculante y de obligatorio cumplimiento para los países que la hayan firmado, España la firmó de los primeros.
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Un día dedicado a los niños y las niñas de todo el mundo, en el que recordamos los avances y denunciamos las injusticias que perduran para con la infancia.
Creemos necesario hacer de esta Convención algo más que una simple declaración, debe ser la hoja de ruta que nos guie en nuestra acción de gobierno.
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Los y las socialistas hemos puesto el foco en esta legislatura en la infancia más vulnerable, porque las crisis siempre golpean con mayor dureza entre quienes menos tienen. No podemos permitir que miles de niños y niñas de nuestro país se encuentren en peligro de exclusión o en la pobreza, por ello y desde que llegamos al gobierno hemos desplegado una serie de medidas y políticas con el único objetivo de corregir una situación heredada en la que el nivel de pobreza infantil no se corresponde con el nivel de desarrollo económico del país.
Como socialistas no podemos decir que sintamos orgullo por un país que se encuentra a la cola de Europa en pobreza infantil. Tenemos que conseguir que el ascensor social funcione al cien por cien, puesto que es la mejor forma de romper con el círculo de la pobreza, una pobreza que, en la mayoría de los casos, para niños y niñas es herencia de sus padres y madres. Por ello, trabajamos para que niños, niñas y adolescentes crezcan con las necesidades mínimas cubiertas y en un entorno que propicie la igualdad de oportunidades independientemente de las condiciones de su nacimiento.
La pobreza infantil en España ha sido un problema estructural, pero con la gestión de la anterior crisis por parte del gobierno de Rajoy se llegaron a las peores cifras históricas de pobreza, al mismo tiempo que ésta se intensificaba y se volvía crónica para muchas familias. Lamentablemente, la pandemia y la crisis generada por la guerra en Ucrania, han puesto de manifiesto y agudizado la situación de las personas más vulnerables, especialmente niños, niñas y adolescentes.
En estos últimos años hemos puesto en marcha numerosas políticas y medidas para combatir la pobreza infantil, sin duda la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido y es la más importante de todas. Esta prestación, que abona la
Seguridad Social, tiene una especial repercusión en la reducción de la pobreza infantil puesto que del total de beneficiarios un 42,5% son menores (618.762). Además, si tenemos en cuenta el número de hogares, en el 64% hay al menos un menor (338.373)
Además, este año incrementamos las cuantías del IMV con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) que suponen 284.104 ayudas. Este complemento puede ser percibido además por otras familias que no reciban el IMV pero que sí cumplen unos requisitos de rentas bajas. El CAPI es una ayuda de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Tanto los importes del IMV como el de los complementos para la infancia los hemos subido este año en un 15% tras la crisis provocada por la guerra de Putin.
Gracias al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil que nació por iniciativa del presidente del Gobierno, el objetivo de Estado de combatir y reducir la pobreza infantil se ha traducido en el impulso de otras políticas y alianzas sociales que ya son una realidad.
También trabajamos por los derechos de niños y niñas con la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia; y pusimos en marcha el Consejo de Estado para la Participación de la Infancia y la Adolescencia (CEPIA) que es una iniciativa que permite que los niños, niñas y adolescentes contribuyan activamente en el debate de las políticas diseñadas para ellos y ellas.
Otro ejemplo de nuestro compromiso es el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, que pretende combatir una de las principales enfermedades del siglo XXI.
Los y las socialistas sabemos que la educación pública es clave para la igualdad de oportunidades de niños y niñas, está demostrado que una escolarización temprana mejora el aprendizaje y disminuye el fracaso escolar. La relación entre la prolongación de la educación y el aumento de las oportunidades es clara.
Por todo ello, nuestro esfuerzo ha sido decidido y hemos impulsado a través de los fondos del Plan de Recuperación con una inversión de más de 670 millones de euros, la creación de más de 65.000 nuevas plazas de 0 a 3 años. Estas plazas no son solo plazas escolares públicas y de calidad, sino que suponen un paso muy importante para lograr la conciliación. Los PGE 2023 aportan una partida en esta línea para crear plazas 0-3 de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años) por valor de más de 136 millones de euros.
Para los y las socialistas la infancia es una de nuestras grandes prioridades por ello queremos reafirmar nuestro compromiso con las políticas que promuevan la justicia social y la equidad desde que nacemos, solo así podremos crecer como país.
La mejor inversión del país es la que se hace en su infancia, los ciudadanos y las ciudadanas responsables del futuro.
