La delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell y la antropóloga y directora de la Fundación Wassu-UAB, Adriana Kaplan, han presentado el estudio “La mutilación genital femenina en España”, cuyo objetivo es ofrecer propuestas y recomendaciones para abrir camino hacia un abordaje respetuoso y eficaz en la atención y prevención de la MGF en España.
Para llevar a cabo la investigación, se han empleado diversas técnicas, como la selección y el análisis de los datos del padrón, el estudio de los protocolos de actuación existentes en diferentes comunidades autónomas, encuestas a 82 familias residentes en España con origen en algún país donde se practica la MGF y 26 entrevistas a profesionales con cinco perfiles distintos.
Aplicando los índices de prevalencia del país de origen correspondiente y valorando el impacto del proceso de aculturación en la realización de esta práctica, se estima que 3.652 niñas están en riesgo de sufrir MGF, siendo Barcelona la provincia con la cifra estimada más elevada del país, con 746 niñas, seguida de Girona (504) y Madrid (335).
El estudio realizó encuestas a 82 familias migrantes, residentes actualmente en Cataluña y con vínculos en diferentes países africanos (principalmente en Gambia, Senegal, Guinea Conakry y Mali). El 97% de las participantes fueron mujeres, de las cuales el 60% ha sufrido MGF y, a su vez, un 30% de ellas durante los cero y los tres años de edad. Además, el73% de las personas encuestadas afirmaba conocer que la MGF constituye un delito dentro y fuera de España para las familias residentes, pero solo un 52% sabía que también era delito en el país de origen.
Cabe destacar que un 78% ha sido sensibilizado sobre el tema de la MGF en alguna ocasión y que un 70% considera que el personal profesional de atención primaria tiene un rol importante en la prevención y la atención de la MGF. Otro dato importante es que un 65% de las hijas nacidas en España ha regresado alguna vez al país de origen de sus progenitores, siendo 31 el porcentaje de casos en los que un miembro de la familia quería realizarle la MGF.
Respecto a la atención profesional, el estudio ha revelado la conclusión de que la prevención por parte de los servicios de salud debe empezar cuando se tenga una buena relación con la familia, en vez de retrasarlo hasta que esta decida viajar al país de origen. Además, se ha detectado que el protocolo de actuación por parte de estos servicios sanitarios no contempla la atención psicológica ni el acompañamiento humano.
Gracias a esta investigación se ha comprobado que, si las familias no tienen las necesidades básicas cubiertas, la MGF no representa un problema para ellas, por lo que se deben garantizar los derechos humanos y reforzar el trabajo preventivo y no limitar la actuación ante la sospecha de viajes por parte de las familias.
Finalmente, el estudio realizado por la Fundación Wassu-UAB y promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, hace una serie de recomendaciones, como hacer partícipe a la comunidad en todo el proceso de elaboración e implementación de nuevas políticas públicas en materia de MGF; ampliar los programas de sensibilización, formación y educación orientados a la comunidad migrante fomentando así el establecimiento de agentes de cambio; impulsar las redes de solidaridad entre mujeres que incentiven su empoderamiento y faciliten la detección y el abordaje de violencias machistas; crear herramientas que permitan extender a todo territorio español los programas que han dado buenos resultados en determinadas zonas e incluir la MGF en los currículos formativos de todas las ciencias de la salud, sociales, de la educación, del ámbito jurídico y de las comunicaciones.
