El expresidente peruano Pedro Castillo, quien ocupó el cargo entre 2021 y 2022, ha sido sentenciado a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión tras ser hallado culpable de conspiración para llevar a cabo una rebelión. Esta decisión por parte de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema se produce a raíz de su fallido intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
En el mismo caso, la exprimera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, también ha sido condenada a la misma pena. Ambos se enfrentaron a un juicio que ha suscitado diversas reacciones y opiniones alrededor de sus implicaciones políticas.
A pesar de que la Fiscalía había solicitado una pena de 34 años de cárcel para el exmandatario, la Corte decidió imponer una condena menor, considerando que Castillo no consumó el delito de rebelión al no poder llevar a cabo sus intenciones golpistas. Este cambio en la pena refleja la complejidad de los cargos y el contexto en el que se desarrollaron los hechos.
El tribunal ha absuelto a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público. No obstante, se le ha impuesto una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos y una indemnización de 12 millones de soles, unos 3.5 millones de dólares, en forma solidaria junto a sus coacusados.
En cuanto a Betssy Chávez, en medio del juicio se emitió una nueva orden de captura en su contra. Actualmente, ella permanece en la embajada de México, sin recibir aún un salvoconducto del Gobierno provisional de Perú, dirigido por el presidente interino José Jerí, que le permita viajar a su país de asilo.
La sentencia se emitió durante una audiencia en la Sala de Barbadillo, donde Castillo ha estado detenido desde 2022 junto a otros ex presidentes peruanos, como Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Martín Vizcarra, quien también fue presidente, fue condenado recientemente a 14 años de prisión por casos de corrupción mientras era gobernador.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo tomó decisiones que desafiaban la estructura política del país, ordenando el cierre del Congreso y la intervención de la Judicatura. Esto ocurrió en un clima de creciente presión debido a las acusaciones de corrupción que lo afectaban directamente. Su intento de mantenerse en el poder culminó en su arresto antes de llegar a la embajada de México.
El juicio en sí comenzó en marzo de este año y se llevó a cabo en la Corte Suprema. Castillo, quien asistió sin abogado, ha mantenido su postura de que es víctima de un proceso judicial injusto, señalando que el tribunal ha forzado la acusación de rebelión. Su defensa sostiene que el intento de golpe nunca se concretó y que no hubo un alzamiento de armas.
Tras el inicio del juicio, Castillo declaró una huelga de hambre, mintiendo a sus seguidores sobre su supuesta injusticia y calificando su detención como un acto de persecución política. La reacción de sus simpatizantes ha resultado en protestas frente a su prisión, donde han expresado su descontento con lo que consideran un ataque a la democracia en Perú.
