El Sindicato de Enfermería subraya que hay que garantizar la gestión pública directa de la atención sanitaria en todo el Estado, ordenando adecuadamente las derivaciones a la sanidad privada, la cual puede colaborar con la pública, pero “nunca sustituirla”. SATSE critica que las administraciones públicas recurran a los conciertos con la sanidad privada porque les “sale más barato” en lugar de invertir en los recursos y profesionales necesarios. De esta manera, están potenciando un modelo de gestión sanitaria basado en la rentabilidad económica, y todo ello sin optimizar al máximo los recursos de la sanidad pública
El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha demandado la urgente aprobación del Proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) para que se pueda garantizar la gestión pública directa de la atención sanitaria en el conjunto del Estado y ordenar adecuadamente las derivaciones a la sanidad privada, la cual puede colaborar con la pública en aquello que ésta no pueda asumir, pero nunca sustituirla.
SATSE recuerda que el Proyecto de Ley está a la espera del debate de las enmiendas parciales de los distintos grupos políticos, ya que aún se sigue ampliando, semana tras semana, el plazo para su presentación. Por ello, demanda a los partidos que no se retrase más su tramitación parlamentaria, y una vez se inicie el debate en la Comisión de Sanidad, sean ágiles y eficaces para que pueda ser aprobada finalmente en el Pleno de la Cámara Baja con el claro objetivo de proteger al sistema sanitario público de “tentaciones improcedentes”.
El Sindicato respalda la aprobación de esta norma porque entiende que hay que “blindar” la sanidad pública y garantizar que el conjunto de la sociedad que vive en nuestro país, independientemente de su situación económica y otros condicionantes sociales, pueda acceder a sus servicios y prestaciones, al ser la protección de la salud un derecho fundamental de toda persona.
Al respecto, el Sindicato de Enfermería presentó a finales de 2021 distintas alegaciones a este proyecto normativo, rechazando que su articulado no introdujese cambios reales y efectivos en lo que respecta a la limitación de otras fórmulas de gestión sanitaria distintas a la pública.
En este sentido, SATSE recalca que, con carácter previo a posibilitar el desvío de pacientes a la sanidad privada, se han de mejorar, optimizar y reforzar todos los recursos y medios que requiere la sanidad pública, y solo en el caso de que todo ello no pueda dar respuesta a las necesidades asistenciales y de cuidados de la ciudadanía, se opte, de manera excepcional, por recurrir a otras fórmulas de gestión sanitaria. “La sanidad privada puede colaborar con la sanidad pública en aquello que ésta no pueda asumir, pero nunca sustituirla”, recalca.
La organización sindical critica que las administraciones sanitarias públicas recurran con demasiada ligereza a los conciertos con la sanidad privada, sobre todo en periodo preelectorales, porque les “sale más barato”, en lugar de invertir en los recursos y profesionales necesarios. De esta manera, “están propiciando y potenciando un modelo de gestión sanitaria basado en la rentabilidad económica”, agrega.
“Detrás de los centros sanitarios privados hay empresas que lo que buscan, de manera legítima, es ganar dinero e incrementar sus beneficios, pero lo que no pueden hacer los empresarios de la sanidad privada es basar ni fundamentar sus expectativas de negocio en la concesión de subvenciones, vía conciertos, por parte de la sanidad pública”, señalan desde SATSE, apuntando que la privatización de servicios asistenciales en la sanidad pública supone priorizar el aspecto económico en detrimento de la atención que se presta a la población.
Asimismo, desde la organización sindical se incide en que las empresas de la sanidad privada pueden llegar a acuerdos económicos ventajosos para las administraciones públicas porque las condiciones laborales de sus profesionales, y especialmente de colectivos como los de las enfermeras, fisioterapeutas y auxiliares de Enfermeria, son especialmente precarias en aspectos como los salarios, jornada laboral, recursos o dotación de personal, lo cual favorece indudablemente su margen de beneficios, pero afecta negativamente a la seguridad y calidad asistencial.
“Si la sanidad privada quiere competir asistencialmente en igualdad de condiciones con la sanidad pública, lo primero que debe hacer es igualar las condiciones laborales de sus profesionales (dotación de personal, salarios, jornada laboral, medidas de conciliación…)”, reitera el Sindicato, que también se cuestiona el que, si así lo hace, pueda seguir realizando ofertas económicas con precios más bajos a las administraciones para acordar los conciertos.
En el caso de las listas de espera, SATSE subraya que la solución no debe pasar por incrementar los conciertos privados, sino en poner a pleno rendimiento la sanidad pública en su actividad quirúrgica, así como en las consultas externas y pruebas diagnósticas, propiciando una mayor eficiencia y capacidad resolutiva en los hospitales y centros de salud con los medios y recursos que resulten necesarios. “Mientras la sanidad pública se abandona y precariza cada vez más, la sanidad privada se fortalece sustancialmente porque su volumen de negocio no deja de crecer año tras año, de ahí la urgente necesidad de contar con una Ley a nivel estatal que salvaguarde la equidad, universalidad y cohesión de nuestro sistema sanitario. Para ello, pedimos sobre todo a los partidos con responsabilidad de gobierno que se alejen de lobbies de presión externos y prioricen nuestra sanidad pública y a los miles de pacientes que cada día son atendidos en nuestros hospitales y centros de salud”, concluye
