Una investigación realizada por la ONG Alianza por la Solidaridad-ActionAid con grupos de mujeres de varios países (Nigeria, Perú, Rumanía, Marruecos, Irak, España, entre otros) que viven en España revela la percepción de la violencia institucional que tienen, especialmente, las mujeres migrantes. Una violencia que se suma a otros factores de desigualdad, y que son comunes con las nacidas en territorio nacional.
El informe “Mujeres y derechos humanos”, cuya presentación oficial es este 15 de abril, presenta un exhaustivo diagnóstico de la realidad que viven las mujeres en dos ciudades, Sevilla y Granada, si bien los resultados obtenidos son extrapolables a prácticamente cualquier punto del territorio. El objetivo es visibilizar la vulneración de derechos y violencias que sufren las mujeres, así como la recogida de propuestas colectivas encaminadas a producir cambios estructurales. Las temáticas abordadas han sido principalmente referentes al derecho a una vida libre de violencia y derechos reproductivos y sexuales, como a los derechos económicos y de participación, que son vulnerados sistemáticamente.
Este diagnóstico muestra que las opresiones que experimentan las mujeres se manifiestan con diferente intensidad según el grupo al que pertenecen. Muestra que las mujeres blancas y de clase media sufren menos discriminación que mujeres racializadas, de países del sur global, las que tienen diversidad funcional, las transexuales, etcétera.
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Las violencias machistas e institucionales, se entrecruzan. Entre las primeras, se mencionaron especialmente la invisibilización del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres, o la imposición de cánones de belleza basados en unas expectativas físicas inalcanzables. Esto se manifiesta con etiquetas, insultos o incluso acoso, fomentando la sexualización de las mujeres. Todo ello implica que se las trata, señalan, como ‘mujeres objeto’, llegándose en casos extremos a los malos tratos y el feminicidio, tanto dentro como fuera de la pareja.
La investigación refleja cómo esta violencia está acompañada de la culpabilización constante de las mujeres por no defenderse correctamente de los malos tratos. Por otro lado, las mujeres que no responden a las expectativas patriarcales experimentan también el maltrato social. Son quienes no responden a la responsabilidad forzada de los cuidados o no quieren ser madres. Según la edad, condiciones físicas, económicas, procedencia étnica, orientación sexual o identidad sexual, hay una presión social distinta para imponer tener o no tener descendencia.
Pero donde es más evidente la discriminación es en las violencias institucionales que se destacan en el informe. Desde la infancia, apuntan que la educación es sesgada y prejuiciosa en algunas materias (la mujer no es visible en la historia o la ciencia) y, además, echan en falta una educación sexual y biológica.
Desde el punto de vista del acceso a la salud, en general, las mujeres participantes destacaron las limitaciones que tienen para acceder a los servicios sanitarios, ya sea por la dificultad para obtener la tarjeta sanitaria, falta de información o adaptación a sus condiciones, especialmente en el caso de las mujeres racializadas y las extranjeras, más vulnerables a este tipo de violencia institucional. En el ámbito administrativo y jurídico denuncian, asimismo, que el sistema las infantiliza, sin tenerlas en cuenta como sujetos políticos.
Sobre las posibles soluciones, todas las mujeres que han participado en el proyecto están de acuerdo con la necesidad de poner en marcha medidas de prevención, más que para paliar las diferentes violencias, dado que consideran que “la prevención va directamente a la raíz del problema”.
La presentación del informe tendrá lugar el jueves 15 de abril a las 18.30-20.30 horas peninsular. Y participarán, M. Giulia Costanzo Talarico (autora del informe), Coral Hortal (Asociación VIAndalucía, participante en el proyecto) y María Bastante (Alianza por la Solidaridad).
