El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un memorándum que restablece la aplicación de la pena capital en Washington D.C. Con esta medida, la Casa Blanca busca reforzar el marco legal para delitos considerados de extrema gravedad, devolviendo a la capital una práctica que llevaba décadas suspendida.
El anuncio ha generado un intenso debate político y social. Defensores de la medida sostienen que puede servir como elemento disuasorio frente a crímenes violentos, mientras que organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios han expresado su rechazo, argumentando que la pena de muerte es irreparable y discriminatoria en su aplicación.
La decisión supone un giro significativo en la política penal de la capital estadounidense, donde históricamente se habían promovido alternativas a la pena capital.