El Partido Popular ha dado un paso estratégico en la Cámara Alta al fijar la fecha para una de las comparecencias más esperadas de la legislatura. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, deberá declarar el próximo 2 de marzo ante la comisión de investigación del «caso Koldo» en el Senado. El objetivo del grupo popular, que hace valer su mayoría absoluta en la mesa de la comisión, es que el exlíder socialista aclare su presunta mediación en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra, una operación que la oposición califica de «dudosa» y «arbitraria».
La citación de Zapatero vendrá precedida por un intenso calendario de declaraciones. Para los días 25 y 26 de febrero, el Senado ha convocado al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y a Julio Martínez Martínez, a quien el PP señala en sus escritos como un «posible testaferro» del expresidente. Con estas tres comparecencias, la comisión alcanzará las 103 sesiones, intensificando el foco sobre la trama de presunta corrupción y los posibles beneficios que el entorno del PSOE habría obtenido a través de ayudas públicas durante la pandemia.
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La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha endurecido el tono contra el expresidente, afirmando que Zapatero está «hasta las cejas de sospechas de corrupción». Según la tesis que mantiene la formación conservadora, el rescate a la aerolínea no respondió a criterios técnicos de viabilidad, sino a supuestas presiones de Zapatero tras haber cobrado por «asesorías fantasma». García ha subrayado que el expresidente tiene la «obligación legal de decir la verdad» sobre el origen de esos fondos y su relación con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Desde el Partido Popular se vincula directamente este rescate con un presunto «botín» que habría beneficiado a la estructura del actual Gobierno de Pedro Sánchez. Con la fijación de esta fecha, el Senado se prepara para un enfrentamiento político de alto voltaje en el que se cruzarán acusaciones sobre política exterior, favores empresariales y la gestión de los fondos de rescate estatales, en un momento en el que la labor de intermediación internacional de Zapatero está bajo el escrutinio permanente de la oposición.
