La investigación sobre la presunta red de corrupción en el Ayuntamiento de Sevilla ha dado un vuelco tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según los agentes, el exconcejal Manuel Pineda habría procedido al borrado masivo de archivos de su ordenador de trabajo momentos antes de que se produjera la entrada y registro en las dependencias municipales. Este hallazgo, adelantado por fuentes cercanas al caso, sugiere una labor de destrucción de pruebas que podría agravar sustancialmente la situación procesal del investigado.
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Los peritos informáticos de la Guardia Civil han detectado que se emplearon programas específicos de limpieza de datos destinados a hacer irrecuperable la información del disco duro. El rastreo de la actividad del equipo revela que estas operaciones de borrado se ejecutaron en una ventana de tiempo crítica, coincidiendo con las horas previas al despliegue de la operación policial que sacudió la capital hispalense. Para los investigadores, este «borrado selectivo y profesional» no deja lugar a dudas sobre la intención de ocultar correos electrónicos, expedientes y comunicaciones que vinculaban directamente a Pineda con las empresas bajo sospecha.
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A pesar del intento de neutralizar las pruebas, la UCO confía en que las trazas dejadas en el servidor municipal y en los dispositivos incautados a otros implicados permitan reconstruir la trama. La sospecha de los agentes es que Pineda pudo recibir un «soplo» o filtración sobre la inminencia del registro, lo que le habría permitido actuar con celeridad para tratar de limpiar su rastro digital. Este nuevo escenario abre la puerta a que la Fiscalía solicite medidas cautelares más severas, al considerar que existe un riesgo evidente de obstrucción a la justicia y alteración de pruebas fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.
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El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, ha reiterado su disposición a colaborar plenamente con la justicia, facilitando el acceso a los servidores centrales para intentar recuperar la información eliminada del terminal de Pineda. Mientras el caso sigue bajo secreto de sumario en lo que respecta a estas nuevas diligencias tecnológicas, la defensa del exconcejal guarda silencio ante una evidencia técnica que pone en jaque su estrategia y que sitúa el foco de la investigación no solo en las presuntas comisiones ilegales, sino en la red de filtraciones que pudo alertar a los investigados antes del golpe policial.
