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En el marco de la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial celebrada en Nueva Delhi, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un contundente aviso sobre los riesgos de una tecnología que, según sus palabras, «está dotando a la humanidad de un poder sin precedentes». Sánchez ha abogado por un liderazgo global bajo el paraguas de la ONU para evitar que la IA se convierta en una herramienta que socave la democracia o concentre el poder en una élite económica ajena al interés general.
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Acompañado por líderes como Emmanuel Macron o Lula da Silva, el jefe del Ejecutivo español ha defendido que el progreso tecnológico solo es real si va guiado por valores humanos. Sánchez ha advertido que las salvaguardias actuales son insuficientes ante amenazas como la pérdida de control humano sobre los procesos de decisión y el uso de la IA por parte de «actores maliciosos». Entre los desafíos más urgentes, el presidente ha destacado el impacto laboral, estimando que la IA podría afectar hasta al 50% de los puestos administrativos básicos en los próximos años, lo que exige una inversión masiva en formación y protección de los trabajadores.
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La intervención de Sánchez no ha estado exenta de contexto político inmediato. En plena escalada de tensión con el propietario de la red social X, Elon Musk, el presidente ha sido tajante al defender la necesidad de imponer reglas claras en el entorno digital. Sánchez ha criticado los algoritmos que difunden odio, contenidos violentos o pornografía infantil, calificando de «zafias y amenazantes» las recientes respuestas de Musk en redes sociales. «Creemos en la IA para el bien y combatiremos la IA para el mal», ha asegurado el mandatario, vinculando la soberanía tecnológica con la seguridad de los menores y la calidad democrática.
Como paso concreto hacia la gobernanza global, Sánchez ha reivindicado el papel de España, que actualmente ocupa el sexto lugar del mundo en competitividad de IA. Ha celebrado la creación del Panel de Expertos de la ONU y ha anunciado que España espera acoger la primera reunión de este organismo en los próximos meses. Con este movimiento, el Gobierno busca consolidar el liderazgo del país en la regulación de derechos digitales, tras el reconocimiento de la OCDE a la administración pública española como referente en el uso ético y transparente de esta tecnología para reducir la burocracia y mejorar los servicios ciudadanos.
