Un informe elaborado por Greenpeace detecta más de 60 millones de euros en subvenciones a diferentes aerolíneas por parte de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos entre los años 2015 y 2022
Entre 2015 y 2022 una veintena de aeropuertos españoles se han beneficiado de más de 60 millones de euros en subvenciones encubiertas. Es una de las conclusiones que Greenpeace ha sacado a la luz en su último informe, titulado “Chanchullos en el aire: Análisis de las subvenciones de ayuntamientos y comunidades al sector aéreo”, en el que la ONG denuncia las ayudas que diversas administraciones han dado a las aerolíneas para mantener vuelos deficitarios.
En su informe, Greenpeace detecta diferentes fórmulas utilizadas por las aerolíneas para recibir dinero público desde corporaciones locales y regionales. La más habitual consiste en camuflar estas ayudas bajo “acciones de promoción turística” a través de fundaciones y consorcios dirigidos por ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y cámaras de comercio local. Estos contratos incluyen cláusulas mediante las cuales las aerolíneas beneficiadas se comprometen a mantener un mínimo de conexiones aéreas.
La reiteración de estas ayudas demuestra que, lejos de ser una promoción puntual, las aerolíneas utilizan estos contratos para mantener artificialmente operativas ciertas conexiones. La Comisión Europea ya ha dictaminado la ilegalidad de las ayudas públicas indirectas a las compañías aéreas camufladas bajo contratos de promoción turística, pues distorsiona el principio de libre competencia frente a otros modos de transporte.
Según Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, “en plena emergencia climática hay comunidades y ayuntamientos que financian una actividad nociva para el medioambiente como es la aviación. Unas ayudas que bajo la apariencia de contratos de promoción turística, tienen como finalidad real que las aerolíneas mantengan de forma artificial sus vuelos. Por ello demandamos a los diferentes gobiernos que detengan este tipo de ayudas y dedique estos recursos a promover un modelo turístico compatible con la protección del clima y el entorno.”
Como casos más flagrantes, destacan los 22 millones concedidos por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, los 10,4 millones de la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), los 10 millones del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña o los 8 millones de la sociedad VIA – Promoción del Aeropuerto de Vitoria S.A.,. Entre las aerolíneas beneficiadas por estos contratos destacan Ryanair, Easyjet, Binter, Iberia, Air Nostrum o Volotea.
En su informe, Greenpeace cuestiona la justificación del turismo para otorgar dichas ayudas, puesto que lejos de atraer visitantes extranjeros, los principales destinos de las líneas bonificadas son sobre todo destinos vacacionales de la población local, como Canarias. De esta forma se produce una transferencia de rentas públicas regresiva que favorece a las clases medias y altas, pues son aquellas que se pueden permitir unas vacaciones en avión. Más allá del obvio impacto ambiental que tiene el avión, estas subvenciones suponen una merma de recursos públicos para el transporte cotidiano así como el abandono de propuestas para conseguir otros modelos de desarrollo económico más estables y resilientes.
El avión es el medio de transporte más contaminante por persona
A través de su campaña de Movilidad, Greenpeace llama la atención sobre el impacto del sector aéreo en las emisiones de CO₂ y denuncia que en plena emergencia climática «las administraciones sigan promoviendo los viajes en avión a pesar de ser el transporte más contaminante por persona transportada. Como ejemplo, alguien que viaje en avión de Sevilla a Madrid estará emitiendo 117 kg de CO₂; mientras que el mismo viaje en un AVE, que es 100% eléctrico, supone solo 9 kg de CO₂».
Greenpeace exige a la UE y a los estados miembros una prohibición de los vuelos cortos cuando se pueda ir en tren. Una medida aplicada parcialmente en Francia y que aseguran «no solo reduciría las emisiones procedentes de la aviación, sino también evitaría la importación de queroseno desde Rusia en un momento de crisis energética».
A pesar de que las compañías aéreas han expresado su intención de alcanzar las emisiones netas cero para el año 2050, apenas hay evidencia de que las grandes aerolíneas puedan alinear sus objetivos con los del Acuerdo de París. Es la conclusión de otro informe, ” Volamos hacia el fracaso climático: Un análisis de los siete mayores grupos aéreos europeos”, que Greenpeace publicó a nivel europeo este verano y que cuestiona la agenda climática de siete grandes grupos aéreos. Entre ellos figuran firmas muy presentes en el norte como Ryanair o el grupo IAG, matriz de Iberia, Vueling y Air Nostrum.
Según se desprende de dicho informe las aerolíneas carecen de planes a corto plazo para reducir sus emisiones absolutas de CO₂ y sustentan la mayoría de sus compromisos climáticos en soluciones que se consideran contraproducentes con el medioambiente, como los mecanismos de compensación de carbono o un mayor uso de agrocarburantes, cuya producción está relacionada con la deforestación en regiones tropicales.
