La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación crucial en Villamediana, La Rioja, donde se descubrió un chalé ocupado ilegalmente que servía como alojamiento para 60 migrantes explotados laboralmente. Estos trabajadores, en su mayoría procedentes del norte de África, eran obligados a trabajar en la vendimia bajo condiciones insalubres y por un salario de apenas ocho euros la hora.
El chalé, propiedad de una entidad bancaria, carecía de las condiciones mínimas de higiene y ventilación. Los migrantes vivían en un entorno precario, durmiendo en colchones en el suelo y pagando entre 120 y 140 euros mensuales por este alojamiento deficiente. Además, debían costear las bombonas de butano para cocinar, lo que agravaba su situación económica.
La operación, denominada Espasmo, se inició en septiembre tras recibir información sobre un temporero obligado a vivir en estas condiciones. La gravedad de la situación llevó a la Guardia Civil a establecer un operativo de vigilancia en el lugar. Durante la investigación, se observó cómo varias furgonetas transportaban diariamente a los trabajadores a viñedos en diferentes localidades, incluyendo Briñas, Logroño y Mendavia.
Los agentes identificaron a los conductores y ocupantes de las furgonetas, verificando la situación laboral de los temporeros. Se descubrió que algunos de ellos, en situación irregular, trabajaban jornadas de nueve horas con solo 15 minutos de descanso, y debían pagar cuatro euros diarios por el transporte a las viñas.
Uno de los casos más alarmantes fue el de un ciudadano senegalés que fue atropellado y agredido por negarse a trabajar por un salario aún más bajo de seis euros diarios. Este incidente subraya la vulnerabilidad extrema a la que estaban expuestos los migrantes.
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Tras ser informados de sus derechos laborales, 17 de los temporeros decidieron denunciar las condiciones en las que vivían y trabajaban. Las autoridades recogieron las denuncias y procedieron a la detención de tres individuos, de entre 44 y 52 años, implicados en delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones y omisión del deber de socorro.
La intervención de la Guardia Civil no solo ha permitido desmantelar esta red de explotación, sino también ofrecer una oportunidad a los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. Este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar la protección de los derechos laborales y garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores, independientemente de su origen o situación legal.
