El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido en defensa del fiscal general Álvaro García Ortiz, poniendo en entredicho las conclusiones del informe de la UCO que lo vincula a una filtración en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.
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Fernando Grande-Marlaska ha respaldado públicamente a Álvaro García Ortiz, fiscal general, ante las acusaciones basadas en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo relaciona con la filtración de información confidencial en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante una entrevista en TVE, el ministro calificó las conclusiones del informe como discutibles, señalando que deben ser analizadas «en su conjunto» antes de emitir juicios definitivos.
Marlaska restó importancia al nivel de énfasis que el documento otorga a las acusaciones contra García Ortiz, subrayando que no aparecen como un apartado destacado o central. «No está en negrita, ni es un título de subapartado», comentó el ministro, sugiriendo que la atribución de responsabilidades podría haber sido interpretada fuera de contexto.
El ministro también pidió cautela, recordando que la investigación aún está abierta y es dirigida por el Tribunal Supremo, que deberá determinar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Según Marlaska, cualquier valoración precipitada podría enturbiar el proceso judicial en curso.
En la misma intervención, el ministro destacó la gravedad de los delitos fiscales cometidos por González Amador, apuntando que el fraude fiscal perjudica a todos los ciudadanos al debilitar el estado del bienestar. Según Marlaska, garantizar servicios públicos como educación y respuesta ante emergencias requiere un sistema fiscal sólido y justo, lo que subraya la importancia de combatir este tipo de delitos.
Además, abordó la controversia generada por el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, quien acudió a una notaría para blindarse frente a posibles presiones relacionadas con el caso. Marlaska señaló que Lobato deberá explicar los motivos detrás de esa decisión, aunque sostuvo que, según lo manifestado por el político, no existía ningún indicio de que Moncloa tuviera acceso a los datos fiscales involucrados.
El caso, que ha salpicado a varias figuras políticas y ha generado un amplio debate público, sigue desarrollándose mientras las autoridades judiciales avanzan en su análisis de los documentos y declaraciones presentados. La polémica pone de relieve tensiones políticas y jurídicas en torno a la gestión de información confidencial y la actuación de altos cargos en casos de relevancia mediática.
