El Tribunal de Apelación de Londres ha decidido este jueves no aceptar el recurso presentado por España para hacer cumplir en Inglaterra una sentencia de la justicia española. Esta sentencia obligaba a la aseguradora del naufragado petrolero Prestige a pagar 855 millones de euros debido a la catástrofe medioambiental provocada por su hundimiento en 2002.
La corte respaldó una decisión previa del magistrado Christopher Butcher del Tribunal Superior, quien determinó que no era posible inscribir en la jurisdicción inglesa un fallo del 1 de marzo de 2019 del Tribunal Provincial de La Coruña. Este fallo había encontrado a la London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited responsable de indemnizar al Estado español por el vertido tóxico en las costas de Galicia.
Los tres jueces del Tribunal de Apelación coincidieron en que un laudo de arbitraje emitido en 2013 por el abogado Alastair Schaff, que exoneraba a la aseguradora británica, impedía el registro del dictamen español. Este laudo hacía valer dos cláusulas clave del contrato con los dueños del buque: la primera exigía un arbitraje en Londres y la segunda establecía que ‘The Club’ solo sería responsable de pagar si los propietarios lo hacían primero con su propio dinero.
A pesar de esta decisión, los magistrados desestimaron uno de los argumentos del Club, que sostenía que no era aplicable en territorio inglés una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida en 2022. Además, el Tribunal de Apelación concluyó que, debido a la inmunidad soberana, no se puede exigir a España ni a Francia que compensen a la aseguradora por incumplir la obligación de arbitraje en Inglaterra.
Te interesa
El Prestige, con pabellón de Bahamas, se partió mientras transportaba 70,000 toneladas de fuelóleo pesado, causando daños significativos en el litoral norte de España y el occidental de Francia. Esto dio lugar a una prolongada disputa judicial entre estos países y la aseguradora en varias jurisdicciones.
Durante todo el proceso, el Club se aferró a que su contrato con los propietarios del barco estipulaba que cualquier litigio debía resolverse mediante arbitraje en el Reino Unido. Este argumento ha sido central en su defensa y ha influido en las decisiones judiciales en su favor.
